Seguridad

Director de Registro Nacional eximido de causas ‘infundadas’

Juez y Fiscalía afirman que hechos no eran delito, quizá una falta laboral

El director del Registro Nacional, Dagoberto Sibaja Morales, fue eximido de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes en una denuncia que, para el Juzgado Penal de Hacienda, se basó en sospechas infundadas.

La resolución la tomó el juez Alberto Vargas Duarte el 10 de julio, cuando dictó un sobreseimiento definitivo a favor del funcionario. En este caso, la Fiscalía había pedido que la causa se desestimara.

El fallo también benefició a Luis Reyes Solano, auditor interno del Registro, y a Max Lobo Hernández, director del Instituto Geográfico Nacional.

Dagoberto Sibaja dijo sentirse satisfecho de que todo se aclarara, para que “su nombre, integridad y trabajo en el Registro hayan quedado limpios”.

En una corta declaración que dio a La Nación , tras afirmar que iba para una reunión con sus abogados, dijo que está analizando si presenta una contrademanda. “Eso dependerá de la recomendación de los abogados”, señaló.

Antecedente. La denuncia por este caso fue interpuesta el 16 julio del 2014 en el Ministerio Público, por la exministra de Justicia, Cristina Ramírez Chavarría.

En aquel momento, la jerarca dijo: “He venido recibiendo denuncias (...), con eventuales hechos delictivos de corrupción en relación con la administración de los recursos del Registro (...). Hice traslado de los hechos a la Fiscalía para que investigue”.

Asimismo, anunció que Sibaja tenía acumulados 282 días de vacaciones correspondientes a 10 periodos y que por eso se le enviaba a disfrutarlos.

En la resolución del juez Alberto Vargas, se descartan las faltas, pues asegura que no constituyen delito. Incluso, dijo que algunos podrían ser, tal vez, una falta laboral.

Al ahondar en detalles, afirmó que si bien es cierto que los funcionarios deben denunciar situaciones, “resulta reprochable que se pongan en conocimiento del Ministerio Público (...) hechos basados en meros chismes o sospechas infundadas”.

Sin embargo, hizo ver: “En el caso en estudio, ello podría deberse más a una situación de desconocimiento o impericia de la persona que denuncia, que a una temeridad de su parte”.

Cristina Ramírez, contactada ayer por La Nación , dijo que no conocía la resolución y por eso prefería no opinar.

Sí hizo ver que se aportaron muchas pruebas y testigos.

Carlos Arguedas C.

Carlos Arguedas C.

Periodista en la sección de Sucesos. Trabaja en La Nación desde el 2000 siempre en la cobertura de asuntos de Sucesos y Jurídicos.

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