Defensoría de los Habitantes apoya bloqueo de señal celular en centros penitenciarios

El proyecto de ley que pretende el bloqueo de la señal de celular en los centros penitenciarios cuenta con un nuevo aliado, luego de que la Defensoría de los Habitantes anunciará este miércoles que apoya la iniciativa.

Según un criterio reciente de la entidad, no existen restricciones legales o constitucionales para “impedir la prestación de los de los servicios inalámbricos disponibles al público al interior de las cárceles del país”.

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No obstante, la Defensoría le exigió a la Asamblea Legislativa que se garantice el derecho a la comunicación de las personas usuarias que habitan en las comunidades aledañas, pues es una obligación del Estado.

El defensor de los habitantes interino, Juan Manuel Cordero, explicó que, si bien las personas privadas de libertad tienen derecho de entablar comunicación e intercambiar información con sus familiares o con medios externos, “estos derechos pueden ser regulados por el Estado de tal forma que garanticen la seguridad pública, la prevención en la comisión de delitos, el orden y la disciplina interna de los centros penitenciarios”.

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El texto del proyecto de ley, bajo el expediente 19.932, ya fue aprobado en primer debate el pasado 24 de mayo.

Este pretende modificar varios artículos de la Ley General de Telecomunicaciones para obligar a los operadores de redes y las compañías que proveen servicios de telecomunicaciones a adoptar y aplicar "procedimientos y soluciones técnicas que impidan la prestación de servicios inalámbricos de telefonía dentro de los centros penales”.

De aprobarse en segundo debate, y una vez que entre en vigencia la nueva reforma a la Ley de Telecomunicaciones, las compañías tendrían un máximo de nueve meses para adoptar y aplicar todas las medidas necesarias para el bloqueo de la señal, sin afectar los habitantes y los transeúntes de las comunidades aledañas.

Por el contrario, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) alega que existen algunos vacíos legales y dudas técnicas en el texto de la norma. Según alega esta organización, también existen pronunciamientos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en las cuales, aparentemente, se respalda su posición.

Datos de Justicia revelan que en todo el 2017 hubo 3.159 decomisos de celulares en los centros penitenciarios de todo el país. Según la ministra de Justicia, Marcia González, hay 35.000 aparatos en bodegas.

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