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Las constantes violaciones a los derechos humanos de los reos durante la última década, llevó a que la Defensa Pública presentara un recurso de amparo contra el Estado costarricense y pidiera el cierre de 10 cárceles.
El escrito, de 103 páginas, llegó el jueves a la Sala Constitucional y se tramita en el expediente N.° 15-9213-0007-CO, aún en estudio de admisibilidad.
La clausura técnica pretende que no ingresen más reclusos de los existentes en las cárceles El Roble, Sandoval, Cocorí, Pérez Zeledón, San Rafael, La Marina, San Sebastián, Pococí, Gerardo Rodríguez y La Reforma, así como cualquier otra con niveles de sobrepoblación.
El amparo expone que ha habido un patrón de discriminación estructural que atenta contra la dignidad de los reos, ya que las medidas generadas a favor de este grupo son insuficientes.
Además, apunta que ha habido una omisión del Estado en cumplir sus deberes constitucionales hacia los reos por una falta de voluntad política, mala administración de los recursos y la desobediencia a fallos de la Sala IV.
El recurso se presentó contra los Juzgados de Ejecución de la Pena, Defensoría de los Habitantes, los ministerios de Justicia y Paz, y de Hacienda, la Contraloría General de la República y la Presidencia de la República.
Esas autoridades deberán rendir informes sobre las acciones que hayan tomado con respecto al sistema penitenciario, tanto en denuncias por violaciones a derechos humanos como en el seguimiento a las órdenes judiciales de cierres de centros, recortes presupuestarios y fiscalización.
Según el texto, presentado por Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, la violación “masiva, reiterada y prolongada” es producto de las deficiencias de la estructura política, legislativa y administrativa.
Sistemático. Este recurso se diferencia de cualquier otro amparo, ya que se presenta en favor de toda la población carcelaria y no de un caso en particular.
Por otro lado, expone que el incumplimiento sistemático de los deberes constitucionales y legales del Estado en relación con los reos, se traduce en un trato cruel, inhumano y degradante.
Apunta que mientras en el 2000 había 147,9 reclusos por cada 100.000 habitantes, en el 2012 se elevó a 299,9 y hoy va por 321.
Además, plantea que la violación sistemática se traduce en un estado de las cosas inconstitucional, pues las acciones y omisiones continuadas, que transgreden los derechos, provienen de distintas instituciones y no se atribuyen a un único agente.
Para Marta Iris Muñoz, el problema de la sobrepoblación carcelaria no se limita a la creación de nuevos espacios, sino que debe cambiar el modelo de atención.
Según dijo, no niegan los esfuerzos de Justicia, pero las medidas apenas disimulan el fenómeno. Cristina Ramírez, ministra de la cartera, dijo que se referirá al amparo cuando sea notificada.
En el recurso solicitan que se procese por desobediencia a quienes hayan incumplido sentencias de la Sala IV dictadas para reducir el hacinamiento.
También, que Justicia fije un tope máximo para cada cárcel, según la capacidad real, y que elabore un mecanismo de descongestión. Además, que desarrolle un plan de necesidades de recursos financieros, infraestructura, vehículos y personal para atender a la población y cumplir con el fin resocializador de la pena.
Finalmente, pide ordenar al Ejecutivo presentar presupuestos con recursos financieros para que Justicia cubra sus gastos y Hacienda no los recorte.
