El 52% de los asesinatos y la mayoría de asaltos que se registraron en el país, durante el 2017, ocurrieron en la Gran Área Metropolitana (GAM), que comprende sectores de San José, Alajuela, Heredia y Cartago.

Por esa razón, son comunidades de esa región las que sobresalen en el mapa de zonas de mayor incidencia delictiva, que elabora el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Esa herramienta tecnológica no busca señalar a las comunidades donde el hampa golpea con mayor fuerza, por el contrario, la intención es que esas estadísticas sirvan de guía para que la Fuerza Pública y el Ministerio de Justicia, orienten sus acciones preventivas y de patrullaje.

Los llamados “mapas de calor” son actualizados constantemente con las denuncias que presentan las víctimas, principalmente; por lo que existe certeza de que los datos responden a la realidad actual, según explicó Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública.

Gracias a la tecnología utilizada en esos mapas, la Fuerza Pública ya elaboró un listado de los 20 cantones con mayor incidencia delictiva. De acuerdo con Calderón, son pocas las variaciones con el paso del tiempo, por lo que con los planes de vigilancia han logrado reducciones delictivas importantes en varios puntos.

Mencionó algunos lugares de Pavas, Desamparados, La Uruca, en San José, y Guararí, en Heredia, donde los planes preventivos y de control comienzan a dar resultados positivos, aunque todavía queda mucho por hacer.

La gran concentración de personas en la capital, hace que los distritos del casco central (Hospital, Merced, Catedral y Carmen) sean los de más incidencia. Ello pese a que la Fuerza Pública tiene una delegación en cada una de esos distritos y recientemente se les reforzó con la Policía Metropolitana.

“Ahí se concentra la mayor actividad comercial del país y por eso históricamente son los puntos con más delitos. Es diferente a lo que pasa en el resto del territorio nacional”, añadió Calderón.

Julio Solís, director General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (Digepaz), agregó que, ya sabiendo cuáles son las áreas de mayores riesgos, pueden enfocar en esas comunidades las acciones para prevenir de violencia. Por ejemplo, con la instalación de los centros cívicos sin paredes, que desde hace tres años atienden menores entre los 13 y los 17 años.

Más allá de estigmatizar zonas, agregó, les facilitan la búsqueda de acuerdos donde la gente defienda los barrios en que han crecido y ayuden a las autoridades en tareas de prevención y seguridad.

Hay que considerar que la violencia se traslada con regularidad de un sitio a otro, máxime cuando la Policía y demás instituciones intervienen con fuerza en un sector.

En los primeros nueve meses de este año, el casco central de San José tiene los tres primeros lugares con base en el mapa que combina asaltos y homicidios.

Solo en asaltos, la provincia de San José registró entre el 1.° de enero y el 18 de octubre del presente año un total de 6.000 denuncias, es decir seis veces más que Heredia y Alajuela que tienen 1.010 y 956, respectivamente. Mientras que Guanacaste es donde menos asaltos son denunciados (393), según los registros del OIJ.

En el ámbito de delitos contra la propiedad, que incluye robos y hurtos, Alajuela encabeza la atención de la Fuerza Pública, seguida por el cantón central de Heredia, luego aparecen zonas de San José como Desamparados, distrito Hospital y Pérez Zeledón. Los robos también golpean San Carlos, Montes de Oca, Pococí y los distritos Merced y Catedral.

Respuesta no es solo policial

El director de la Fuerza Pública dijo que el plan Sembremos Seguridad, que comenzó el 8 de agosto, busca alinear a los municipios y empresas privadas con políticas del Gobierno en materia de seguridad, con base en diagnósticos realizados en cada barrio y en los que también ayuda el mapeo del OIJ.

Sobre esas bases se formularán las políticas públicas y de planeación financiera y operativa. La Policía de Colombia y la embajada de Estados Unidos colaboran en esta iniciativa.

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Además continúan los programas de Seguridad Comunitaria, que organizan vecinos contra el hampa, así como planes dirigidos a personas menores en zonas de riesgo como Pinta Seguro y los programas de prevención contra drogas DARE o el plan para evitar pandillas juveniles.

Destacó que actualmente existe más conciencia en el país de que la solución a los problemas de criminalidad no es solo policial, sino que involucra a otros sectores.

La Fuerza Pública, dentro de sus operaciones, comenzó a integrar a otras instituciones estatales para que conozcan de primera mano lo que pasa en las calles.

Personal del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) les ha acompañado a los operativos para que conozcan de cerca el problema de menores en las calles y los riesgos que afrontan, tales como ser reclutados por organizaciones criminales para el tráfico y consumo de drogas.

“Muchos de los problemas que atiende la policía en las calles tienen que ver con jóvenes con problemas de adicción. Nosotros sacamos la droga de las calles, pero esas personas requieren una atención de salud pública para la rehabilitación, el tratamiento y la reinserción a la sociedad”, expresó Daniel Calderón.

Según el jefe policial, en Limón las tasas de homicidios son las más altas que en el resto del país, por la relación entre sus habitantes y la cantidad de asesinatos. Por el contrario, en esa provincia los delitos contra la propiedad son menores que en otras.

La Fuerza Pública también desarrolla planes de seguridad en comercios, sector agropecuario y turismo.

Cada persona en prisión es una derrota social

La Ministra de Justicia, Marcia González, en una audiencia realizada en junio ante los diputados de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, afirmó que va a reforzar el área de prevención del delito, al estimar que cada persona que entra a prisión es una derrota de la sociedad.

Como entidad rectora de prevención, lamentó que el Ministerio haya destinado menos del 1% del presupuesto al viceministerio de Paz, lo cual consideró crítico.

Por ello dijo que a partir del 2019 destinarán un 40% más de fondos a la prevención para reforzar el trabajo con las comunidades, con la instalación de casas de justicia, proyectos juveniles, mediación de conflictos y planes cantonales de prevención de la violencia.

También impulsarán el programa de centros cívicos por la paz, que están en seis de las siete provincias y que hasta el año pasado sumaban 40.000 personas beneficiadas, así como otras 20.000 el primer semestre de este año.

Esos centros funcionan en Cartago, Garabito de Jacó, en Puntarenas; Santa Cruz, de Guanacaste; Guararí, en Heredia; La Capri de Desamparados, en San José; y Aguas Zarcas de San Carlos, en Alajuela.

Pronto se abrirá el centro cívico por la paz de Pococí, en Limón, con lo que se cubrirán las siete provincias. De igual manera se va a inaugurar otro en Desamparados, dijo González.

Afirmó que, por primera vez, Costa Rica va a tener una estrategia nacional para la prevención de la violencia y promoción de la paz social para evitar la duplicidad de acciones y aprovechar al máximo los recursos institucionales.

Para fortalecer la sostenibilidad económica de los centros cívicos, el Ministerio impulsa la creación de fundaciones que incorporen al sector privado para generar recursos frescos.

También hay sinergias con otras instituciones públicas como el PANI, el Ministerio de Cultura, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para mejorar la oferta a las personas que acuden a las instancias promotoras de paz.

Articular acciones entre vecinos y municipios

Los centros cívicos sin paredes, le permiten a las autoridades llegar a zonas vulnerables, comenzaron hace tres años y en cada uno, el Ministerio de Justicia tiene dos personas a cargo, más otros colaboradores.

Este año se abrió uno en Moravia y Tibás, en San José; El Guarco, en Cartago; en Alajuela; y en San Rafael, en Heredia. Y el Gobierno espera implementar 18 más en todo el país, entre el 2018 y el 2022.

En ellos se enseña sobre prevención de la violencia, la forma de identificar la problemática local y cómo recuperar espacios como plazas y parques. También les instruyen sobre cómo llevarse bien con los vecinos y cómo articular acciones con el municipio.

“Que las personas se reconozcan, se asocien, que aumente la vida de barrio, la vecindad, a mí me parece fundamental, porque la organización mejora la capacidad para prevenir la violencia”, declaró Julio Solís, director General de Digepaz.

Agregó que las actividades deportivas y culturales son uno de los ganchos para atraer a jóvenes y adultos e invitarlos a las aulas donde se les invita a danza, teatro, pintura, alfarería y otros, al tiempo que se les brindan charlas específicas.

Se les da seguimiento y cursos como mediación entre jóvenes, convivencia ciudadana, prevención de violencia. La idea es articular actores públicos y privados con los vecinos para lograr mayor impacto.

Para construir nuevos centros cívicos de paz se gestiona otra ayuda con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Jairo Vargas, viceministro de Paz, afirmó ante los diputados que en la actualidad se piensa pasar de acciones institucionales aisladas a una sola agenda en materia preventiva, de la cual son rectores.

“Tal vez la gente a nivel de opinión ciudadana no ve mucho trabajo en materia de prevención; sin embargo, cada institución y cada organismo lo han desarrollado por muchos años de forma desarticulada y repetida en campos de mujer, drogas, niños, primaria infancia, juventudes y adultos mayores, pero ahora vamos a una sola ruta”.

Esa agenda nacional contempla los diferentes grupos etéreos y poblaciones como las que no están en condiciones de vulnerabilidad, pero deben conocer los mecanismos para protegerse.

Otra acción preventiva, implementada el jueves 18 de octubre, fue la herramienta “Cole sin Bullying” mediante la cual todos los centros educativos del país disponen de guías para prevenir el acoso y matonismo que pueden afrontar los estudiantes en las aulas.

De acuerdo con el Ministerio de Educación Pública, el 53% de los centros educativos han tenido casos de bullying y un 71% de los estudiantes han visto acosos en su centro de estudio. Lo anterior, con una muestra de 1.045 centros y 6.083 estudiantes, durante el primer semestre del 2018.