Hugo Solano C.. 24 abril
En el Facebook de la actividad se usa la bandera de nuestro país y una carreta tica cargada de marihuana, entre otros símbolos. Foto: tomada del Facebook.
En el Facebook de la actividad se usa la bandera de nuestro país y una carreta tica cargada de marihuana, entre otros símbolos. Foto: tomada del Facebook.

Un evento para unas 600 personas que se promociona en redes sociales con íconos alusivos al consumo de marihuana y otras sustancias, tiene en alerta a los cuerpos policiales y autoridades antidrogas.

La actividad sería este fin de semana en un lugar que la organización mantiene en secreto. El costo de las inscripciones es de ¢10.000 por persona y solo las venden los mismos participantes, quienes incluso promueven concursos para entradas gratis.

“Degustaciones. Sorpresas de los patrocinadores, cata general de flores y concentrados”, dice uno de los anuncios de la fiesta.

En otras promociones dice: “Evento privado. No se reservan, no se apartan, cupo limitado. Las entradas solo se consiguen por medio de los participantes y los stands”.

El uso de la bandera de Costa Rica, la carreta típica cargada de capullos de marihuana, tucanes y esculturas precolombinas son parte de la promoción que usan los organizadores. Incluso una joven aparece frente a la basílica de los Ángeles con el letrero ..." Y vos ya tenés tu entrada".

Según Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense de Drogas (ICD), ese evento implica un riesgo ya que promueven el consumo y la venta de sustancias psicoactivas, cuyos efectos inmediatos o posteriores pueden ser graves, pues no se sabe el nivel de potencia que tienen, ni la forma en que se preparan.

“A veces son más riesgosas otras sustancias o bacterias que se agregan voluntaria o involuntariamente en el proceso artesanal de su preparación, que los mismos agentes psicoactivos de la droga”, aseguró Araya.

De igual manera, considera que desde su convocatoria y por su finalidad, esa actividad se perfila como ilegal, al no tener los permisos.

Ya el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y otros cuerpos policiales, así como autoridades del Ministerio de Salud están alerta.

Al director del ICD le preocupa la validación mediática de aparentar que ya no es delito el cultivo y venta de derivados del cannabis para fines medicinales o terapéuticos, lo cual desmintió al afirmar que el artículo 58 de la ley de psicotrópicos (N.°8204) establece penas de ocho a 15 años a quien cultive o venda plantas como la marihuana. “La ley no ha cambiado”, sostuvo.

Para Guillermo Araya, detrás de esa fiesta podrían estar los mismos intereses de quienes impulsan la comercialización desmedida de derivados del cannabis o planta de la que se obtiene la marihuana.

Admitió que el artículo 2 de la ley N.° 8204 habla del uso de ciertas sustancias del cannabis para fines medicinales.

“Es una cuestión de uso y eso todavía hoy no se puede realizar, aunque no sea prohibido, simple y sencillamente porque falta una instrumentalización por parte del Ministerio de Salud y del Agricultura y Ganadería para lo que son los fines industriales, en el tema específico del cáñamo”, dijo.

“Es deber de los profesionales autorizados prescribir los estupefacientes y psicotrópicos usados en la práctica médica o veterinaria, utilizar los formularios oficiales que facilitarán el Ministerio de Salud y el de Agricultura y Ganadería, según corresponda, o los que vendan y controlen las corporaciones profesionales autorizadas. Los datos consignados en estas recetas tendrán carácter de declaración jurada”, dice el citado artículo de la ley.

Araya afirmó que deben ser las autoridades estatales quienes tomen el protagonismo en este tema y emitan las regulaciones del uso del cáñamo y cannabis para fines medicinales y terapéuticos.

"No se debe permitir que organizaciones privadas tomen la batuta, ya que buscan lucrar con la salud y la seguridad de los costarricenses”, añadió.

El director del ICD sostiene que vender aceites derivados del cannabis para fines medicinales, importarlos o cultivar semillas y vender plantas para fines de tráfico, sigue siendo un delito de narcotráfico.

Cuando el delito se comete por parte de una organización delictiva la pena se puede elevar a 20 años y cuando se involucran menores de edad en la actividad se aplica la pena máxima estipulada, que es de 15 años. En este caso tiene responsabilidad penal, civil y administrativa quien venda la droga, los organizadores y el dueño del lugar donde se realiza el evento, explicó.

El Ministerio de Salud y la municipalidad que corrresponda tienen que conocer la naturaleza de la actividad y definir si otorgan las patentes y permisos, así como coordinar con cuerpos de emergencia por ser un acto masivo, que requiere regulaciones y logística.

Obliga a planificar

El director general de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, informó de que están tratando de saber dónde será y que si no cuenta con los permisos respectivos se procederá con su cierre.

“Por el tipo de actividad que están promocionando y que tiene que ver con el consumo de una sustancia que en el país está prohibida, no podría tener ningún tipo de aval de las autoridades de Salud, ni de la Comisión de Eventos Masivos”, acotó.

Recordó que el año pasado se promocionó una actividad similar en Ballena, pero se cobró más caro y no tuvo la convocatoria esperada. “No pasó a más, pues se redujo a una actividad musical de conciertos con mucha presencia de extranjeros, pero sin mayor problema”, afirmó.

Dijo que ya se coordinó formalmente con otras autoridades que tengan que intervenir, como el Ministerio de Salud, el municipio respectivo y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), entre otros.

Indicó que dentro de su trabajo se tiene la obligación de tratar de identificar a los responsables del evento. Eso les obliga a planificar, destinar recursos policiales y coordinar con el departamento legal del Ministerio.

Por su parte, en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) afirmaron que, por tratarse de una actividad privada, no se referirán al asunto.

Fiestas similares a esta también han surgido en el ámbito nacional meses atrás. Jóvenes intoxicadas por el consumo y la presencia de hasta 500 personas en una barra libre están entre los casos recientes.

En febrero de este año diferentes cuerpos antidrogas y la Fuerza Pública realizaron cuatro operativos en fincas de Alajuela y San José. Además de hallar drogas y licor, determinaron que en algunas de ellas había menores de edad.

El mercado se orienta hacia los jóvenes que, por estar en crecimiento, son más vulnerables.

Por la inscripción cobran ¢10.000. Este sería el segundo año de la actividad que se promociona en redes sociales. Foto: tomado de Internet
Por la inscripción cobran ¢10.000. Este sería el segundo año de la actividad que se promociona en redes sociales. Foto: tomado de Internet