Alrededor de 300 nicaragüenses se mantienen varados en la zona fronteriza de Peñas Blancas, del lado de Nicaragua, ya que las autoridades migratorias de ese país no les autorizan el ingreso.
Así lo informó la noche de este jueves la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, la cual indicó que, hasta que estos ciudadanos no cuenten con una certificación de prueba covid-19 negativa, realizada con una anticipación de 72 horas, no podrán ingresar a su nación, según lo dispuesto por ese país.
La noche del martes 22 de julio, las autoridades migratorias nicaragüenses autorizaron el ingreso de 30 personas, entre ellos niños y mujeres, sin embargo, no permitieron el paso de más personas.
Asimismo, la noche de este miércoles, avalaron el ingreso de dos nicaragüenses quienes sí portaban la prueba correspondiente.
Estas personas realizaron el proceso de salida de Costa Rica; sin embargo, señalan que no desean reingresar al país, ya que lo que quieren es regresar a Nicaragua.
De momento se desconoce si hay negociaciones entre ambos gobiernos, para facilitar el tránsito de esta población.
“Es importante resaltar que estas personas nicaragüenses no son parte del proceso coordinado entre Costa Rica, Nicaragua y Panamá, el cual se ha mantenido funcionando de forma correcta y sin inconvenientes”, precisó Migración en un comunicado.
La autoridad se refiere, con esto último, a los convoyes de población nicaragüense que están pasando de Panamá y hasta su país de origen, luego de completar la temporada de zafra en territorio canalero.
“Hay que evitar la conglomeración en la zona de Peñas Blancas porque es un espacio pequeño. No es un espacio que se pueda habitar o que tenga servicios para poder mantener a la población en ese sector”, afirmó la directora de Migración y Extranjería, Raquel Vargas.
La jerarca solicitó a las personas nicaragüenses no acercarse a la zona fronteriza de Peñas Blancas sin portar una certificación de prueba covid-19 negativa, ya que serán devueltas por las autoridades de su país.
Malas condiciones
En cuanto a la situación de los 300 ciudadanos en la frontera, organizaciones civiles y de derechos humanos aprovecharon este jueves para denunciar que esta población permanece en este lugar en condiciones precarias.
“Las condiciones de estas personas son de una crisis humanitaria. La primera impresión es de aglomeración de personas bajo sol y lluvia, hay un baño para más de 500 personas”, denunció Yader Valdivia, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica.
Los migrantes varados son, en su mayoría, personas que habían viajado a Costa Rica por temor a represalias tras participar en las protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega, según dijeron algunos de los afectados a los activistas.
Los ciudadanos nicaragüenses intentaron forzar su ingreso al país, pero fueron repelidos por fuerzas antimotines que permanecen en la zona, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
El organismo de derechos humanos calificó de “repudiable” que el gobierno niegue el ingreso a sus connacionales, alegando que deben presentar pruebas negativas de covid-19 para ser admitidos.
"Es su obligación como gobierno hacerles la prueba de covid-19, y según el resultado garantizarles la salud y no dejarlos en la frontera", expuso el CENIDH en sus redes sociales.
El presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, visitó la frontera para abogar por los migrantes, pero las autoridades “no nos han permitido hablar”, dijo a medios locales.
Carmona denunció que más que una medida sanitaria, “vemos un negocio” porque están cobrando $150 para que las personas tengan acceso a las pruebas.
El gobierno nicaragüense no se ha pronunciado todavía sobre la situación en la frontera.