No todos los propietarios de bares acatan como debe ser la declaratoria de cierre de esos comercios, comunicada el lunes por el Gobierno para frenar la propagación del nuevo coronavirus covid-19 en el país.

Prueba de ello es que hasta la tarde de este martes la Fuerza Pública cerró 350 bares en todo Costa Rica, porque aún estaban funcionando pese al peligro que eso significa para la salud pública.

La información fue confirmada por Xinia Vásquez, jefa de Planes y Operaciones de la Fuerza Pública, luego de que el Ministerio de Salud confirmara que hay 50 enfermos con coronavirus.

Además, se generaron 300 notificaciones a otros comercios, como restaurantes, quienes incumplieron con la medida de no superar el 50% de ocupación.

El Ministerio de Seguridad Pública informó de que el mayor número de cierres y notificaciones fueron en Cartago y San José.

Sin embargo, en Puntarenas, la Policía Turística impidió la realización de una actividad programada para más de 100 personas. Al llegar al sitio, desalojaron a los asistentes y clausuraron el local.

“La Fuerza Pública va a seguir trabajando a nivel país para garantizar el cumplimiento de la directriz”, apuntó Vásquez.

Todas estas medidas se ejecutan amparadas en un decreto de emergencia nacional que ordenó el cese de operaciones de todos los bares, casinos y discotecas del país por tiempo indefinido.

Caso de cantón de San José

En tanto, en la capital, un total de 29 bares fueron cerrados por irrespetar esta disposición.

El cierre ocurrió luego de una inspección que hicieron oficiales de la Policía Municipal de San José y de la Fuerza Pública la noche del lunes en diferentes locales josefinos.

En San José, deben cerrar 98 bares, 22 casinos y siete discotecas.

En esta primera inspección policial, se revisaron solo 76 locales, de los cuales 29 fueron cerrados por los policías municipales.

Otros tres fueron clausurados por oponerse a la disposición policial y porque, además, dos de ellos tenían el permiso del Ministerio de Salud vencido para operar (dos locales) y el otro presentó un certificado para vender licores falso.

El resto (44) ya estaban cerrados, acatando así la disposición del Gobierno, que tiene como único fin combatir la propagación del virus.

“En acatamiento al decreto ejecutivo el día de ayer iniciamos las primeras operaciones con Fuerza Pública para garantizar el cumplimiento de disposiciones sanitarias”, indicó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José.

Justo por ello es que la noche de este martes continuarán con las inspecciones por el resto de locales que no se atendieron este lunes.

En el movimiento participaron 40 oficiales municipales, así como ocho radiopatrullas.

Respuesta positiva

Solano detalló que usualmente este tipo de intervenciones vienen luego de hacer una notificación a los comercios, pero que, en esta ocasión, no lo hicieron puesto que el decreto es conocido a nivel nacional.

Por eso, cuando los policías se presentaron a los negocios abiertos y pidieron cerrarlos, la mayoría de los dueños acataron sin mayor polémica, entendiendo que se trata de un tema de salud pública.

“Casi todos lo que nos indicaban era que no habían cerrado esperando a que llegara la Policía para pedirles eso y acatar”, puntualizó Solano.

Sin embargo, en tres de los negocios, no corrieron con la misma suerte: “Pese a la indicación policial de cerrar, no cumplieron con la medida al decirnos que tenían razones para no hacerlo. Nos solicitaron más días para seguir funcionando y no verse afectados, pero eso no se puede hacer. Procedimos a clausurarlos”.

En cuanto a la cantidad de gente que había en los negocios abordados, Solano detalló que solo uno estaba al cien por ciento de su capacidad.

El resto estaba “parcialmente lleno", contó.

Restaurantes en la mira

En el caso de los 504 restaurantes ubicados en el cantón central de San José, Solano indicó que también los inspeccionarán.

Sin embargo, reconoció, existe dificultad para determinar la cantidad correcta de gente dentro de esos negocios.

“Lo que hacemos es contar las sillas y las mesas y verificamos los datos contra la documentación que tengan tanto en la municipalidad como en la dirección regional de Salud”, apuntó el director policial.