La jueza Mauren Víquez Córdoba, del Tribunal Penal de Aguirre y Parrita, en Puntarenas, dejó en libertad a cuatro pescadores costarricenses que fueron detenidos el pasado 10 de abril en una embarcación con 1.153 kilos de cocaína.
Así lo dictó en una audiencia de apelación que se realizó la tarde del viernes en los Tribunales de Quepos, confirmó el Ministerio Público.
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La juzgadora les revocó la medida de seis meses de prisión preventiva que había impuesto el Juzgado Penal de la zona a petición de la Fiscalía en una audiencia que se llevó a cabo el 11 de abril. En su lugar, dispuso que les sean colocadas las tobilleras electrónicas que monitorea su ubicación.
Los detenidos son de apellidos Herrera Fuentes (capitán), de 35 años, Buzano Barquero (34), Sánchez Arroyo (35) y Arias Nieto (46). Ellos fueron capturados por oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) a 144 kilómetros de puerto Quepos. La embarcación se llama Panameña II, matrícula P5411, y la droga iba en un compartimento oculto.
En la primera audiencia, la defensa de los imputados solicitó que le fueran colocados los dispositivos electrónicos en lugar de la prisión preventiva; no obstante, en esa ocasión el juez no se refirió al asunto y avaló la petición de la Fiscalía de enviarlos a prisión.
La denfensa impugnó la decisión y el caso llegó al Tribunal Penal de Aguirre y Parrita. La Fiscalía volvió a presentar sus alegatos para mantenerlos en prisión; sin embargo, la jueza Víquez decidió quitarles la medida de prisión y darles el beneficio de la tobillera.
La decisión del Tribunal Penal ya no puede ser apelada por la Fiscalía.
Segundo caso
Esta decisión de la jueza se da 16 días después de que otro juez de Limón, identificado como Mauricio Perlaza Rojas, dejó en libertad a cuatro sujetos detenidos por supuestamente transportar en una lancha rápida 1.235 kilos de marihuana jamaiquina.
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Sin embargo, en esa ocasión ocurrió lo contrario: la resolución de Perlaza fue apelada por la Fiscalía ante el Tribunal Penal de Limón, el cual le dio la razón al órgano acusador y ordenó seis meses de prisión preventiva para los imputados. No obstante, tres de ellos se dieron a la fuga y no han sido capturados.
Por esos hechos en la provincia limonense, el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, remitió una carta a la Corte Plena, expresando su disconformidad y preocupación por los alegatos que dio el juez.
El Tribunal de Inspección Judicial abrió una causa para investigar lo sucedido a raíz de esa misiva.
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