Lámparas colgantes de tipo araña, suntuosas escaleras y muebles hechos con maderas de cenízaro y cristóbal, un dormitorio principal con jacuzzi y caja fuerte escondida en el piso.
Una habitación para niños, que tiene diseñados un sol y la luna en el cielorraso, una cava para 132 botellas de vino, otro cuarto con tina y pisos de cerámica. Una piscina que cuenta con un tobogán de agua, techos con cubierta de teja, así como red y puertos de Internet y televisión en toda la vivienda.
La suma de esos y otros detalles, propios de la vivienda de Alejandro Jiménez González, alias Palidejo, en residencial Altos de Montenegro en Canoas de Alajuela, tienen ahora un precio más asequible para los posibles compradores.
Lo anterior, porque el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) rebajó en ¢152 millones el valor de venta de esa vivienda, confiscada en el 2011.
Inicialmente (en febrero del 2014), ese inmueble fue puesto a disposición de compradores en ¢465 millones, pero nadie se interesó en adquirirlo.
Guillermo Araya Camacho, director del ICD, dijo que luego de una valoración hecha por el Ministerio de Hacienda, se estará rematando, a mediados de mayo, en ¢313 millones.
La casa es de Jiménez, pero el ICD la puso en venta con base en el artículo 84 bis de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, N.° 8.204, que permite disponer de los bienes incautados.
En caso de que, posteriormente, un juez determine que la propiedad debe ser devuelta al dueño original, el ICD deberá entregarle el dinero.
Antecedentes. Alejandro Jiménez, quien fue detenido en marzo del 2012 en Colombia, está preso en Guatemala, adonde lo trasladaron pues allá afronta un proceso como sospechoso de planear el atentado en que murió el cantautor argentino Facundo Cabral, en julio del 2011.
Este costarricense también tiene pendiente otra causa penal en Costa Rica, como sospechoso del delito de legitimación de capitales. Precisamente es por ese proceso judicial que se confiscó la vivienda en Alajuela.
Guillermo Araya se mostró optimista en cuanto a la venta del inmueble, pues está muy bien conservado y se halla en un residencial con ingreso controlado.
“Los costarricenses se han dado cuenta de que estos bienes pueden ser adquiridos sin ningún problema (...), sin tener amenazas o presiones a la hora de la compra”, agregó el funcionario.
Araya dijo que el ICD cuenta con 300 personas inscritas para la compra de bienes decomisados por delitos como narcotráfico o legitimación de capitales.
El director del ICD explicó que el sistema de venta funciona y puso como ejemplo una casa en Cartago, vendida en ¢51 millones hace casi un mes. También tramitan citas para comerciar 20 vehículos en condición de chatarra.