22-06-2012. Hora: 04:25 p.m. Fotografas del Juzgado de Seguridad Social, ubicado en San Jos centro, 100 metros al sur del antiguo restaurante Alpino. Este juzgado fue acreditado en sus procesos por el Sistema de Gestin de Calidad (GICA) luego de obtener un resultado de 80 en una auditora realizada en mayo pasado. Fotos: Mayela Lpez (Mayela_Lopez)
“El Poder Judicial va a cumplir 186 años el 1.° de octubre y es una institución que nunca ha evaluado a sus jueces en el desempeño de sus funciones. Entonces, cambiar 186 años de historia no es fácil”.
De esa manera, el magistrado de la Sala Segunda, Rolando Vega Robert, expresó que las resistencias de los jueces continúan frenando las mejoras en el servicio, la evaluación del desempeño y la buena gestión de los despachos judiciales.
Vega es el impulsor del Sistema de Gestión Integral de Calidad y Acreditación (Gica-Justicia), aprobado desde hace siete años como política institucional.
A la fecha, solo están acreditados la Sala Segunda, el Juzgado de Familia de Goicoechea y los juzgados de Trabajo y de Violencia Doméstica de Heredia. Hay tres más en proceso.
El jurista asegura que muchos opositores se amparan en la independencia judicial para no ser sometidos a ningún control.
“El juez debe ser independiente a la hora de resolver el caso, pero eso no significa que es independiente para llegar a las 10 a. m. y salir a las tres de la tarde”, dijo.
Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), aseveró: “Los jueces estamos anuentes a ser evaluados, somos funcionarios públicos y estamos obligados a que se evalúe nuestro trabajo y rendimiento”.
“No podemos pretender ocultar realidades que son muy evidentes para la ciudadanía”, afirmó. Según explicó, los tres problemas vinculados con la ineficiencia son la lentitud en la tramitación de procesos, mala atención de usuarios e indefinición de un modelo organizativo.
Vega reveló que, en los últimos nueve años, el Poder Judicial duplicó su planilla a 13.000 funcionarios como una “solución sencilla frente a resultados ineficientes”.
Para él, esa medida es injustificada y los esfuerzos por mejorar la eficiencia de juzgados y tribunales han sido “deficitarios e insuficientes”, por lo que presentará un informe a la Corte Plena para que tome una decisión.
Zarela Villanueva, vicepresidenta de la Corte, dijo que las leyes de creación de tribunales de Flagrancia o Apelaciones han aumentado sus obligaciones, por lo que los esfuerzos han sido importantes.
“El mayor capital de la institución es el humano. Por esto, apoyamos la evaluación del desempeño y rendición de cuentas. Hemos promovido una justicia de calidad, que exige una revisión del servicio.