El juez Miguel Ángel Lizano Córdoba, acusado de tentativa de homicidio, ofreció una fianza hasta de ¢10 millones a cambio de que le varíen el año de prisión preventiva por otras medidas en libertad.
La Fiscalía atribuye a Lizano el haber contratado a intermediarios para matar al juez Jorge Paisano Saborío, quien sufrió un atentado el 14 de diciembre del 2012.
La Policía también detuvo a dos supuestos intermediarios, de apellidos Guido y Núñez, y a los presuntos gatilleros, apellidados Víquez, Platero y Alfaro.
A todos ellos también se les impuso un año de prisión preventiva.
Durante una audiencia de apelación, que se realizó ayer en el Tribunal Penal de Pococí, los imputados pidieron revocar la medida.
En el caso de Lizano, su defensor solicitó que le dictaran arresto domiciliario, prohibición de salida del país, firmar periódicamente, impedimento de acercarse a las víctimas y tener domicilio fijo.
Además, dijo que se entregaría el pasaporte y propuso una oferta laboral alternativa a la de abogacía, precisamente porque el Poder Judicial lo suspendió temporalmente mientras se abría un proceso disciplinario.
La oficina de prensa del Poder Judicial comunicó que el juez del Tribunal Penal de Pococí resolverá hoy, a la 1:30 p. m., todas las solicitudes que realizaron los defensores de los imputados.
Sixto Solera, abogado defensor del imputado de apellido Platero, explicó que su defendido reúne todos los requisitos para estar en libertad. Según dijo, es costarricense, tiene compañera sentimental, un hijo y trabajo.
Lizano impartió clases de Derecho –en la sede de la Universidad Latina en Limón– al intermediario de apellido Guido, que él mismo supuestamente contrató para matar a su jefe en Pococí. Colaboró el corresponsal Reiner Montero.