Yeryis Salas. 5 junio
En octubre del 2017, el entonces magistrado Celso Gamboa compareció ante la Comisión Legislativa que investiga los créditos del BCR por el cemento chino y el viaje a Panamá con el empresario Juan Carlos Bolaños. Foto Melissa Fernández
En octubre del 2017, el entonces magistrado Celso Gamboa compareció ante la Comisión Legislativa que investiga los créditos del BCR por el cemento chino y el viaje a Panamá con el empresario Juan Carlos Bolaños. Foto Melissa Fernández

Un video dejó en evidencia al exmagistrado Celso Gamboa, mientras tomaba fotografías de sus datos personales en la pantalla de un puesto de control migratorio del aeropuerto Juan Santamaría, cuando salía del país, el 1.° de mayo.

En las imágenes de seguridad de la terminal aérea, publicadas este miércoles por el medio CRHoy, se observa a un oficial de Migración revisando la información de Gamboa.

Cuando el funcionario deja el puesto, el exmagistrado de Sala III saca su celular, mete la mano por un agujero de la ventanilla y toma fotos de la pantalla.

Un día después del hecho, Gamboa presentó un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional, en el que alegó que una alerta roja migratoria, generada por una investigación penal en su contra, amenazaba su libertad de tránsito en un viaje que realizaba hacia Venezuela, vía Panamá.

Asimismo, reclamó que en el aeropuerto de Venezuela, al regresar a Costa Rica, fue trasladado a una habitación cerrada por 30 minutos debido a esta alerta, lo que provocó que perdiera un vuelo y tuviera que quedarse en el país sudamericano un día más.

Este tipo de notificaciones las despliega Interpol para detener a una persona buscada por las autoridades de un país.

Sin embargo, el recurso fue declarado sin lugar pues la alerta migratoria solo se emitió a nivel nacional, contrario a lo expuesto por Gamboa.

“Quedó demostrado que tal alerta migratoria de información fue de carácter local y no estuvo visible a nivel internacional, ni tampoco ha quedado acreditado el agravio del recurrente referido a la pérdida de un vuelo en Venezuela”, dijeron los magistrados.

Además, no se impidió su salida del país y solo debió esperar 15 minutos en el aeropuerto Juan Santamaría para la verificación de su condición migratoria, por lo que se descartó alguna violación a su libertad.

En su declaración a la Sala, la fiscala general, Emilia Navas, y la fiscala adjunta, Greysa Barrientos, confirmaron que se solicitó la generación de la alerta informativa, mientras avanzaba la investigación contra Gamboa por presunto tráfico de influencias, pues habría enviado mensajes a algunos diputados para evitar su destitución de Sala III, en abril del 2018.

Por este caso, el investigado propuso avisar cada salida del país al Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José.

Las fiscalas explicaron que el exmagistrado notificó una salida entre el 27 y 29 de abril. Luego, el 30 de abril, envió por correo electrónico que por “complicaciones acaecidas en Caracas”, se quedaría en Venezuela hasta el 4 de mayo, no el 2 de mayo como había indicado. En ese mensaje no aclaró que aún no había dejado el suelo nacional.

En el informe, Navas y Barrientos destacaron que en el video de seguridad del aeropuerto, al que tuvieron acceso, se observa que Gamboa “en modo totalmente irregular (...), introduce en varias ocasiones su brazo dentro del cubículo del funcionario, y procede a tomar fotografías o videos de la pantalla de la computadora”.

Este medio consultó a la Dirección de Migración y Extranjería sobre las posibles repercusiones de lo sucedido; sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.

Gamboa: “Quien brindó esa información comete delito”

El también exministro de Seguridad afirmó a La Nación haber sido “víctima de abuso policial” y consideró “preocupante" que se publicara en otro medio la información de su recurso, ya que él solicitó la protección de sus datos personales.

“Es muy preocupante que las autoridades filtren información sensible afectando el derecho de imagen de los ciudadanos que han acudido a la ley para proteger su información. No es una simple fuente del medio, es que quién brindó esa información comete delito”, aseveró.

Gamboa añadió: “No fui detenido, no se me impidió la salida del país y como consecuencia de mi gestión se borró esa ilegítima alerta. Puedo salir del país cuando yo quiera y al destino que desee”.

El exmagistrado afirmó que no daría declaraciones sobre la resolución del tribunal constitucional. Sobre el video, alegó: “ no voy a confirmar ningún evento ni hecho en donde mi imagen y datos personales hayan sido vulnerados. Aunque las autoridades judiciales no respeten la ley, yo sí lo hago”.

La Fiscalía General, por su parte, comunicó que recién fue notificada sobre la resolución de los magistrados constitucionales, por lo que estudiará el voto y valorará "si la conducta del señor Gamboa constituye o no un delito”.

El Ministerio Público también indicó que, según el artículo 295 del Código Procesal Penal, no podía brindar más datos sobre la investigación por la cual Gamboa tenía una alerta migratoria.

Investigaciones y destitución

Entre el 2017 y el 12 abril del 2018, Gamboa acumuló doce causas penales.

Entre estas están presunto abuso de autoridad, perjurio, aparente falsedad en declaración jurada, y dos por supuesto tráfico de influencias. Además, hay tres expedientes por incumplimiento de deberes, tres por prevaricato, y otra caso en el cual se investiga por prevaricato, tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y cohecho.

Esta última investigación se abrió en el 2017 a raíz de una denuncia presentada el 12 de octubre de ese año por la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC), en la cual se incluyó también al exfiscal general Jorge Chavarría Guzmán.

La organización alegó que, a finales del 2016, la fiscal subrogante, Berenice Smith Bonilla, solicitó desestimar la causa contra los exdiputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara por presunto tráfico de influencias.

La denuncia señala que Smith habría recibido instrucciones de Chavarría, y que el 21 de febrero del 2017 la Sala III desestimó la causa mientras el magistrado Gamboa presidía la sesión junto con cuatro suplentes.

Seis meses después de abierta esta causa, el 10 de abril del 2018, Gamboa fue destituido de Sala III en una votación en la Asamblea Legislativa, con 39 votos a favor de la medida, dos abstenciones y 16 ausencias.

En aquella ocasión, los diputados acogieron el informe de una comisión especial que analizó la petición de la Corte Suprema de Justicia, que estableció un interés “indebido” de parte del entonces magistrado en asuntos judiciales del empresario involucrado en el caso del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.