Vendedor de papas herido accidentalmente hace 11 años por agentes del OIJ recibirá ¢16,6 millones

El hecho consta en el acta del Consejo Superior del pasado 30 de setiembre, cuando la directora ejecutiva del Poder Judicial Ana Eugenia Romero Jenkins comunicó que después de un largo proceso judicial, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Primera, ratificó la condena al Estado por un monto de ¢ 4.776.137 como acción civil resarcitoria y ¢11.921.004 por concepto de daño físico, a favor de un hombre de apellido Granados, de 32 años y que de inmediato debía de hacerse el pago a la víctima.

La determinación de reconocer este rubro se adoptó porque durante dos procesos, uno penal y otro civil, se tuvo por acreditado que la víctima “sufrió dos balazos, uno en la mano izquierda y otro en el muslo izquierdo que le causaron una incapacidad temporal de siete meses y una pérdida del 20% de su capacidad general orgánica, daño físico cuyo valor económico no se demostró en concreto, sino que se reconoció en abstracto (...) luego de aplicar una fórmula de cálculo utilizada por el perito judicial, licenciado Luis Alberto Rodríguez Astúa, considerando el salario de un agente de ventas”.

El hecho que generó todo este asunto judicial comenzó a las 11:15 a. m. del 28 de diciembre del 2010, cuando dos individuos con armas de fuego sorprendieron al único ocupante de un camión distribuidor de papas tostadas, cuando el chofer entregaba producto en una pulpería. La intención de los ladrones era apoderarse de ¢200.000, se informó en aquel momento.

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A la víctima, en aquel momento de 21 años, le colocaron una pistola en la cabeza para intimidarlo, pero justo en ese momento, una pareja de oficiales de la sección de Capturas del OIJ pasó en un vehículo y decidieron intervenir. Uno de los asaltantes disparó a los policías, acción que fue repelida por un agente cuyos disparos hirieron al segundo delincuente y al trabajador.

El asaltante que disparó huyó del lugar, pero en el sitio se detuvo a Elías David Fernández Cubillo, quien además tenía bienes sustraídos a Granados. Por este hecho fue condenado, el 24 de octubre del 2016, a cinco años de prisión.

Penalmente, se exoneró de toda responsabilidad a los agentes del OIJ, pues se determinó que actuaron como lo establece el ordenamiento jurídico. En tanto se condenó civilmente al Estado por cuanto la pistola Sig Sauer, con la cual se ocasionaron los daños y perjuicios a la víctima es del patrimonio nacional o de uso reglamentario.

Así lo estableció la Sala Tercera de la Corte en una resolución del 13 de setiembre del 2017 cuando señaló : “Al analizar la totalidad de la dinámica fáctica acaecida, se logra establecer la existencia de un accionar de los oficiales judiciales que en principio, era un funcionamiento normal y legítimo de la Administración, sin embargo, se ocasionaron daños y perjuicios por parte de los funcionario estatales, quedando acreditado que los disparos que se realizaron son la causa de las lesiones de la víctima colateral y, en el presente caso no media alguna de las circunstancias que eximen de responsabilidad civil al Estado”.

Luego de la sentencia de los magistrados, el caso pasó a Contencioso Administrativo para que en esa instancia se estimara el monto de la indemnización.