Carlos Arguedas C.. Hace 2 días
El diputado Pedro Muñoz, del PUSC, y el presidente de la Corte Suprema, Fernando Cruz, sostuvieron hace dos semanas una polémica por señalamientos que hizo el legislador de supuesta injerencia indebida de magistrados en casos por resolver.
El diputado Pedro Muñoz, del PUSC, y el presidente de la Corte Suprema, Fernando Cruz, sostuvieron hace dos semanas una polémica por señalamientos que hizo el legislador de supuesta injerencia indebida de magistrados en casos por resolver.

Varios magistrados de la Corte Plena se inhibieron este lunes de analizar denuncias planteadas por el diputado Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), sobre presuntas acciones anómalas de los altos jueces.

Uno de los casos más polémicos planteados por el legislador y también por la exfiscal Guiselle Rivera es contra el presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz, por la pensión que se le aprobó a la exfiscala subrogante Berenice Smith en momentos en que está suspendida y acusada penalmente por supuesto tráfico de influencias.

Algunos de los altos jueces se declararon incompetentes para analizar las denuncias pues en algún momento emitieron criterio sobre los temas cuestionados.

No se pudo corroborar cuántos se inhiben pues lo hicieron en una sesión de carácter privado, tal y como lo mandan las reglas cuando se discuten asuntos disciplinarios.

Inicialmente, los magistrados escucharon las quejas del diputado, quien primero las hizo públicas en la sesión de la Asamblea Legislativa del 6 de noviembre y luego las presentó ante el Tribunal de la Inspección Judicial, órgano encargado de aplicar el régimen disciplinario en el Poder Judicial.

La inhibitoria generó falta de cuórum (son 22 en total y se necesitan 15 magistrados para sesionar) por lo cual se tomó la decisión de que sean los titulares que expresaron no tener ningún impedimento legal y magistrados suplentes, los que decidan, en primera instancia, si se aceptan o son rechazadas las inhibitorias.

Una vez resuelto ese tema, la presidencia de la Corte señalará una nueva sesión para analizar, otra vez, las quejas de Muñoz.

Críticas del diputado

Pedro Muñoz primero atacó a los magistrados por haber aprobado en el 2008 un aumento salarial para los 46 altos cargos del Poder Judicial, ellos incluidos.

También los cuestionó por el atraso en el trámite de una acción de inconstitucionalidad presentada en abril del 2017 contra ese índice gerencial, un privilegio que, entre el 2008 y el 2010, incrementó hasta en un 96% los salarios de la denominada clase gerencial de la Corte.

Otra queja del legislador es contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, quien hizo uso de una facultad como presidente del Consejo Superior Administrativo del Poder Judicial, para aprobarle un beneficio a la exfiscala subrogante Berenice Smith. Esa facultad la establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el párrafo segundo del artículo 76.

Allí dice que los asuntos que discuta el Consejo Superior se aprueban con mayoría simple de sus miembros, pero que cuando haya empate entre ellos, el presidente tendrá voto doble.

Asimismo, hubo críticas por los atrasos en resolver en última instancia las sentencias penales contra miembros del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Caso más polémico

Entre todos los asuntos, el que causó más polémica pública es sobre la exfiscala subrogante Berenice Smith.

Incluso, el jueves anterior trascendió que la Fiscalía General de la República investiga si el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, allanó el camino para que Smith pueda pensionarse como funcionaria judicial, en momentos en que está suspendida y acusada penalmente por un presunto tráfico de influencias.

El expediente busca determinar si el magistrado presidente cometió prevaricato con una gestión que desarrolló como presidente del Consejo Superior.

La Fiscalía activó la pesquisa luego de recibir una petición de la exfiscala Guiselle Rivera, quien el jueves envió una nota donde solicita investigar la decisión del Consejo Superior, así como las gestiones de la Dirección Jurídica y del Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial.

La investigación se centra en la decisión del Consejo Superior, tomada el 26 de setiembre pasado, cuando se acogió la solicitud de Smith para que le reconocieran seis años que laboró en Guatemala, como parte de los años requeridos para acogerse a la jubilación.