Judiciales

Varillazos y trabajos forzados, la vida de los reos hace 200 años

Infraestructura, presupuesto y custodia eran puntos débiles. Algunas veces daban permiso a reclusos a buscar trabajo para mantenerse; otros presos aprovechaban condiciones y se fugaban

Hace 200 años, los reglamentos penitenciarios fijaban una regla clara: la corrección de los delincuentes, sin dejar de lado el “trato humano que la naturaleza exige de los hombres para con los hombres”. Es decir, en la teoría se abogaba por un ambiente libre de tortura, pero que en la práctica no se cumplía.

Los reos estaban condenados no solo a la privación de su libertad, sino también a estar incomunicados, a hacer trabajos forzados durante doce horas y a tener acceso a solo dos tiempos de comida (a las 10 a. m. y a las 2 p. m.). En caso de que su comportamiento fuera desafiante, les pegaban con varillas, los castigaban con cepos de campaña y hasta con duplicarles la ya muy extensa jornada laboral.

La vida de los reclusos de hace 200 años no era fácil: la humillación era asunto de todos los días y su reinserción a la sociedad no era ni por asomo una preocupación estatal.

Métodos prohibidos, pero necesarios

En el libro La Evolución Penitenciaria, del autor Ricardo Jinesta, se hace un recorrido por cómo era la reclusión en una Costa Rica recién independiente. El 17 de mayo de 1822 se ordenó crear una cárcel en Cartago, conocida como la galera de presos. En junio de ese mismo año se instruyó activar su construcción; sin embargo se desconoce qué pasó con este proyecto.

Casi en paralelo, en febrero de 1823, se dispuso hacer una prisión exclusiva para mujeres, puesto que hasta la fecha no existía ninguna y las reclusas debían compartir espacio con los presos. Esta se levantó en el Hospicio de La Soledad, en Cartago, y al jefe de la cárcel se le entregó un cepo (dos maderos con agujeros, donde se aprisionaba la garganta o las extremidades), carlancas (collares con puntas de hierro), cadenas y grilletes para la contención de las privadas de libertad.

Justamente ese mal trato que se daba a toda la población penal quedó plasmado en un escrito que fue enviado a la Asamblea Constituyente del Estado Libre de Costa Rica, el 31 de marzo de 1826. En ese texto se indicó que existía un abuso por parte del Estado en “tormentos, apremios y grillos”; pero la Asamblea lo justificó al decir que, pese a ser métodos prohibidos, eran necesarios por la falta de seguridad en las cárceles y la falta de fondos para construirlas.

En un intento por solventar un poco el mal ambiente penitenciario, la Ley Reguladora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 4 de marzo de 1831 fijó que los magistrados debían visitar las cárceles todos los miércoles. El objetivo era que inspeccionaran el trato, los alimentos y las camas, así como remediar “en los posible” los abusos y las demoras.

Pero dichos esfuerzos fueron infructuosos, ya que un relato del periódico La Tertulia, de 1834, dejaba ver que las torturas continuaban, así como los trabajos forzados ya que se insistía que, por ejemplo, barrer calles era una “ocupación única de los reos”.

Destierro, nuevas cárceles y confiscación de bienes

Con su llegada a la presidencia, en 1835, Braulio Carrillo instauró como política criminal la persecución intensa a los delincuentes. Por ello hizo gran uso del destierro, de la confiscación de bienes y aplicó la pena de muerte; también ordenó la creación del presidio urbano y de una Correccional de Mujeres, en Cartago.

Para ese momento, la cárcel de varones estaba a un costado del Hospital San Juan de Dios, donde los presidiarios eran exhibidos públicamente, separados de la comunidad por gruesos barrotes, según se lee en el libro Las leyes contra la vagancia en la Costa Rica el S. XIX: una interpretación desde abajo, de Adriana Sánchez. Eso lo hacían, según la autora, para que tuviera un fin ejemplificante, pues la vergüenza pública era efectiva en una sociedad donde se privilegiaba el honor.

El 22 junio de 1838, Carrillo consideraba que hacía falta organizar el asunto carcelario por lo que se creó el presidio urbano, pero no fue hasta el 22 de febrero de 1839 cuando se generó su reglamento, en el que se apelaba por el trato humano hacia la población penal, al tiempo en el que se exigían trabajos forzados.

“Los reos condenados a obras públicas y destinados al presidio deberán rezar el rosario y después de cenar, guardar el mayor silencio. Durante horas de trabajo deben traer grillete, mancuerna o trozo al pie. Y si cometían faltas, podían ser castigados con varilla desde 10 a 12 palos, con cepo campaña, con doble tarea en el trabajo, pero nunca con la privación de alimento”, según se lee en el libro Camino al encierro sin fin y con fin. Las penas en Costa Rica, siglo XIX, de los autores Elizabeth Muñoz y Egennery Venegas.

Los reclusos salían a las 6 a. m. de sus celdas y trabajaban en obras viales hasta las 6 p. m. En ese tiempo solo tenían dos descansos de media hora cada uno que eran para comer: a las 10 a. m. y a las 2 p. m. No podían tener ni el mínimo contacto con mujeres, además.

El 29 de octubre de 1841 se estableció que los hombres condenados a destierro cumplirían su pena en Esparza o Puntarenas; los confinados en Matina o Moín; y los condenados a reclusión serían enviados al presidio urbano.

Por el lado de la Correccional hecha para recluir a privadas de libertad, esta funciona entre julio de 1836 y el 20 de diciembre de 1837, ya que no dio los resultados esperados. A partir de ese momento se ordenó, más bien, que toda cárcel tuviera una división de hombres y mujeres.

¿Cómo debían ser las prisiones?

Debido a que la política criminal era la persecución intensa, mucho se debatía en cómo debían ser los centros penales de la época. En el Reglamento de Policía, suscrito el 18 de diciembre de 1841, se ordenó que toda cárcel debía estar aislada de cualquier otro edificio y que debía estar rodeada de altos muros.

Las habitaciones debían ser “seguras, aseadas, de buena altura y con aire y luz suficientes”. Ese documento señalaba que los centros penales debían tener dos divisiones: para hombres y mujeres, así como separar a la población penal por personas presas, detenidas y deudores. Quienes estuvieran allí recluidos recibirían dos raciones de comida: a las 9 a. m. y a las 5 p. m.

Ocho años después, el 30 de octubre de 1849, se generó un nuevo Reglamento de Policía que indicaba la necesidad de construir una cárcel en el centro de todas las provincias. Los edificios, por su parte, debían ser ventilados, mientras que los reclusos eran obligados a pagar un carcelaje, que era un monto por separado al trabajo que los obligaban a hacer en carreteras.

Y así, conforme pasaron los años, fueron cambiando las necesidades de la sociedad y las creencias de cómo debía ser la cárcel que persuadiría a las personas a no cometer delitos. Se creó, luego, la cárcel de San Lucas (1873) y, después, La Penitenciaria (1907), en el centro de San José.

No obstante, desde siempre, el asunto presupuestario representó (y representa) un problema, ya que no permitió crear una estructura que cumpliera con lo que se iba solicitando.

En un artículo de 1834 publicado en La Tertulia se indicaba que todas las cárceles eran inseguras y que el faltante de recursos era tal que los alcaldes eran quienes debían custodiarlas.

Como dato curioso, esa noticia periodística de aquel diario relataba que la situación carcelaria era tan grave que a los presos que estaban en Alajuela les permitían salir de día para que consiguieran trabajo y así tuvieran manera de mantenerse dentro de la prisión.

En otros sitios, los reos se aprovechaban de las malas condiciones tanto de infraestructura como de seguridad para escaparse.

Muchos años después, el 30 abril de 1863, el sistema penitenciario volvió a ser blanco de críticas. En aquel momento se señaló que la prisión del centro de la capital era “incómoda y sin buena ventilación”. Además no se podía separar a los presos por delitos graves de los que cometieron ilícitos leves, causando así un perjuicio en el “honor” de estos últimos.

Desde entonces, las malas condiciones del sistema son tema de conversación y de cuestionamientos y se ha convertido en los últimos años en una lucha de defensores de derechos humanos, quienes abogan por cárceles que realmente ayuden a la reinserción del privado de libertad y no así que lo condene a una vida tras barrotes.

Sentencias de aquellos años

- 13 de agosto de 1836: Juan Ventura Marín fue fusilado en La Sabana por uxoricidio, que se da cuando el hombre mata a su esposa.

- 5 de mayo de 1838: José María Carranza fue ejecutado en Alajuela por asesinar a su concubina.

- Antes de incursionar en política, León Cortés Castro, quien fue presidente de Costa Rica de 1936 a 1940, defendió a un hombre acusado de intentar asesinar a su excompañera sentimental. Según un recuento hecho por el actual asesor legislativo Antonio Trejos, el imputado y su expareja tenía años de separación y ella estaba embarazada de su nuevo compañero. El imputado buscó la manera de convocarla en la estación del ferrocarril y mientras ella conversaba con un conocido, él le disparó. La víctima logró sobrevivir.

“Cortés Castro argumentó que el crimen había sido producto de los celos pasionales de un esposo enamorado. El castigo, atenuado por los alegatos del futuro presidente, fue un año de exilio en Guanacaste”, señaló Trejos en su trabajo.

Katherine Chaves R.

Katherine Chaves R.

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Bachiller en Periodismo en la Universidad San Judas Tadeo.