Carlos Arguedas C.. 2 enero
Edgardo Araya, exdiputado y excandidato del Frente Amplio. Foto: Rafael Pacheco
Edgardo Araya, exdiputado y excandidato del Frente Amplio. Foto: Rafael Pacheco

El Tribunal de Flagrancia de San Ramón suspendió el juicio contra cuatro acusados de bloquear la ruta Interamericana norte luego de que el abogado de los imputados, el exdiputado Edgardo Araya Sibaja, impugnó en la Sala IV el artículo que castiga la obstrucción vial.

Araya, excandidato presidencial del Frente Amplio en el 2018, presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 263 bis del Código Penal, el cual impone de 10 a 30 días de prisión a “quien, sin autorización de las autoridades competentes, impidiere, obstruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito vehícular o el movimiento de transeúntes”.

Los acusados, tres hombres de apellidos Budny, Betancourt y Madrigal, así como una mujer de apellido Rojas, fueron detenidos el 21 de noviembre del 2019 cuando cerraron la carretera Interamericana en el cruce de Santiaguito de San Ramón reclamando presupuesto para las universidades públicas.

El juicio estaba previsto para las 7 p. m. del pasado lunes 30 de diciembre.

No obstante, el abogado Araya le pidió formalmente al Tribunal de Flagrancia de San Ramón posponer el debate a la espera de la resolución de los magistrados constitucionales.

El Ministerio Público aceptó la gestión luego de hacer algunas observaciones para que el asunto no prescriba. Así, la jueza a cargo del caso decidió suspender el juicio.

Este caso fue objeto de una audiencia preliminar el 13 de diciembre, fecha que se determinó que el caso seguiría en Flagrancia y se fijó el juicio para el 30 de diciembre.

El abogado, a nombre de los cuatro estudiantes universitarios acusados, presentó la acción de inconstitucionalidad el 18 de diciembre, a la cual se le asignó el expediente 19-024211-0007-CO, que está en la actualidad en estudio para ser admitido.

Entre los argumentos para considerar que el artículo 263 bis es inconstitucional, el litigante sostiene que la norma viola los principios de proporcionalidad y razonabilidad en relación con el derecho a la libre expresión y la reunión pacífica.

“La primera parte del artículo impugnado implica una especie de censura previa al ejercicio de la libertad de expresión, contraviniendo lo dispuesto expresamente por nuestra Constitución Política, en su artículo 29”, argumentó el abogado Araya.

El mismo 21 de noviembre, fuerondetenidos siete estudiantes frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), en San José, por cerrar de igual manera la carretera. Ese asunto judicial es tramitado en los Tribunales de Goicoechea, en San José.