El Tribunal Penal de Hacienda, con sede en Goicoechea, al concluir la audiencia de revisión de medidas cautelares de 28 implicados del Caso Cochinilla, anunció que la decisión que tomará sobre las apelaciones será notificada por escrito, en una fecha próxima.
Así lo dio a conocer el juez Hugo Porter Aguilar, a cargo del tribunal, a los abogados e imputados presentes en la diligencia judicial que se realiza en salas del tercer piso de los Tribunales de Goicoechea.
La audiencia comenzó el lunes anterior y entre los hechos más relevantes que se discutieron está el levantamiento o no de la caución real, también conocida como fianza, que se impuso a Melida Solís Vargas, dueña de la empresa H Solís y a Carlos Cerdas Araya, propietario de la firma MECO.
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En este caso la defensa de los implicados sostiene que las fianzas de $3 millones y $5 millones, dispuestas para Solís y Cerdas, respectivamente, son razonables, pero el Ministerio Público es del criterio que a ambos se les debería fijar prisión preventiva. La Fiscalía había solicitado un año de cárcel.
El abogado Juan Marcos Rivero Sánchez, uno de los defensores de Mélida Solís, manifestó: " La Fiscalía considera en el caso de Mélida, que la medida de $3 millones no es razonable conforme a las exigencias del caso.
“Nosotros consideramos que esa posición es literalmente insostenible, porque no es cierto que estemos enfrentando un proceso de ¢78.000 millones, porque ese es presupuesto íntegro del Conavi. Aquí a nadie le están atribuyendo que se robó ¢78.000 millones.
“Si vos tomas las supuestas dádivas que se le atribuyen a todos los ochenta y resto de investigados, no sobrepasan los $100.000. Todas juntas. Suena a broma pero es lo real, incluidos los ¢200.000 que dicen se comieron en salchichón”.
Otro aspecto sobre el cual debe pronunciarse el tribunal es respecto a los empleados estatales que fueron suspendidos del cargo. Los defensores sostienen que esa separación debe ser con pago de salario. La Fiscalía objeta que solo sea separación del cargo, impedimento de salida del país y otras disposiciones, sino que algunos deberían ir a prisión y sin goce de salario.
Asimismo, se discute el tiempo de la suspensión, pues el Ministerio Público insiste que debe ser por un año, en tanto el Juzgado Penal de Hacienda dispuso que fuera por cuatro meses.
Hay algunos imputados sobre quienes ni la Fiscalía ni los defensores apelaron las medidas, pero por el momento se desconoce de quienes se trata, pues las audiencias son privadas.
En cuanto a la fecha en que se dará a conocer la decisión del juez Porter, por el momento es incierta. Empero, algunos abogados sostienen que podría ser este viernes, pues se trata de temas muy puntuales. En cambio, otros estiman que será hasta mediados de la próxima semana cuando trasciendan.
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Los 28 imputados cuyas medidas se están analizando responden a los apellidos Cerdas Araya, González Carballo, Bolaños Salazar, Solís Vargas (mujer), Martínez Martínez, Solís Murillo, Arce Alpízar, Madrigal Rímola (mujer), Fallas Zúñiga, Herrera Chacón, Cervantes Morales, Carmona Rivas (mujer) y Mora Obando.
Asimismo de Bonilla Guillén (mujer), Chaves Mora (mujer), Rojas Monge, May Cantillano, Zamora Zamora, Rodríguez Araya, Sánchez Castro, Rivera Campo, Quesada Pérez, Ortiz Vega, Lobo Bejarano, Castro Rodríguez, Monge Hernández (mujer), Quesada Aguirre y Solís Vargas (mujer).
Hay otros dos investigados en esta causa cuyas medidas se tramitan por separado y se trata de dos hombres de apellidos Ureña Villalobos y Abarca Quesada. La audiencia para esas personas estaba prevista para que se realizara el miércoles pero fue suspendida y se está buscando otra fecha para programarla.
El caso Cochinilla trascendió el lunes 15 de junio, cuando se realizaron más de 50 allanamientos que permitieron la detención de 30 personas, mientras que otras 40 también están siendo investigadas sin haber sido detenidas. Los nombres de esas personas todavía no han trascendido.
Se trata de empresarios de constructoras, así como empleados y exempleados del Conavi y de otras dependencias del Estado.
A los implicados se les atribuye la presunta malversación de fondos del Consejo Nacional de Vialidad, que generó un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y el 2020 en contratos de obra pública y se tramita en la causa 19-000025-1218-PE, y es conocida como Caso Cochinilla.
En la documentación judicial se detallan los supuestos sobornos con licor, dinero en efectivo, vehículos y “favores sexuales”, para premiar a ciertas constructoras que competían por proyectos financiados con fondos públicos.