Irene Vizcaíno.   1 agosto
El jueves 19 de julio la Fiscalía secuestro documentos y un teléfono del Tribunal Contencioso Administrativo, en Calle Blancos, como parte de la investigación por posible tráfico de influencias y prevaricato. fotografía Rafael Murillo

Una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo reactivó la sanción impuesta a las magistradas Doris Arias Madrigal y María Elena Gómez, al rechazar la medida cautelar provisionalísima que habían solicitado contra el castigo que les impusieron.

Ambas integrantes de la Sala Tercera fueron suspendidas por dos meses sin goce de salario luego de que la Corte Plena las encontrara responsables de una falta grave.

La decisión del Contencioso fue tomada la tarde de este miércoles, según confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial.

Esta resolución, sin embargo, no surtirá ningún efecto en el caso de Doris Arias, quien se desempeñaba como presidenta de la Sala III hasta el lunes 30 de julio cuando se acogió a la jubilación. Inicialmente, ella la había anunciado para noviembre.

La magistrada María Elena Gómez Cortés, entre tanto, quedará fuera del rol de suplencias de la sala de casación penal por dos meses, que correrán a partir de la notificación del fallo del Contencioso.

Junto con las altas juezas, fueron castigados Jesús Ramírez y Carlos Chinchilla fpor haber acogido, en febrero de 2017, una solicitud de desestimación en una causa que se les seguía a los entonces diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata.

Luego de la decisión de la Corte, Chinchilla anunció su jubilación y dejó vacante la Presidencia del Poder Judicia.

Por su parte, Arias acudió al Tribunal Contencioso a solicitar la medida cautelar provisionalísima. La gestión la realizó a las 4 a. m. del 18 de julio y fue acogida tres horas después, plazo inusual para resolver peticiones de esta naturaleza.

Estas circunstancias motivaron a la Fiscalía General a abrir una investigación contra Arias, por el posible tráfico de influencias, y contra el juez que resolvió, Alcevith Godínez, por un eventual delito de prevaricato.

La situación se repitió con Gómez, por lo que también fue incluida en la investigación.

La Fiscalía incluso solicitó la apertura del telefóno decomisado al juez.

Luego de que se diera a conocer la apertura de esta causa, Arias decidió adelantar su jubilación.

“No voy a aceptarle a nadie, jamás, bajo ninguna circunstancia que se diga que haya cometido alguna falta que lesione mi honor o la intachable reputación que he construido’, señala alta jueza quien se le abrió causa por posible tráfico de influencias”, dijo en un documento que presentó ante la Corte y se distribuyó a los medios de comunicación.

La magistrada Doris Arias se acogió a la jubilación a partir del lunes 30, por lo tanto la suspensión de dos meses no surte efecto.