Hugo Solano C..   28 agosto
Este puente deberá ser demolido según la sentencia dictada en los Tribunales de Goicoechea. Foto: Cortesía del Ministerio Público.

Una vecina de Tibás, San José, fue condenada a dos años de prisión por invadir el área de protección de la quebrada La Cangreja, en Copey de Cinco Esquinas.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal del II Circuito Judicial que le otorgó a la mujer, de apellidos Solís Chinchilla, el beneficio de ejecución condicional que la librará de cumplir su pena en la cárcel.

De acuerdo con la Fiscalía, desde 1999 la tibaseña invadió el cauce de la quebrada, donde construyó varios ranchos, una chanchera y un encierro para patos y gansos. Además levantó una casa y un puente peatonal.

La sentencia se dictó luego de una gestión impulsada por la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, a raíz de una denuncia interpuesta por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

A cambio de darle el beneficio de no ir a la cárcel, a la sentenciada se le ordenó retirar los escombros, así como desempeñar trabajos de reforestación durante dos años en el área afectada.

Se estableció que si en el plazo de cuatro meses no demuele todas las estructuras dentro del área de protección, quedará a la orden de Adaptación Social para que descuente la pena en el Centro de Atención Institucional, Vilma Curling Rivera, también conocido como El Buen Pastor.

La investigación del Ministerio Público también comprobó que Solís ha estado alquilando cuartos a terceras personas.

Tras la sentencia, la Fiscalía estará atenta a que la imputada efectúe la demolición y retire los escombros en los próximos cuatro meses. De lo contrario, la institución anunció que solicitará que se le revoque el beneficio otorgado.

Las aguas contaminadas de la quebrada La Cangreja en Copey de Cinco Esquinas, Tibás, ponen en riesgo a decenas de familias que viven dentro de la zona protegida. Foto: John Durán.

La legislación vigente prohíbe las construcciones a una distancia de 15 metros del cauce en zonas rurales y de diez metros en zona urbana

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), ente encargado de inspeccionar el cumplimiento de esta legislación, investiga solo si hay una denuncia de por medio.

Del 2011 al 2017, el Sinac recibió 7.545 quejas por invasión a las áreas de protección. Después de los estudios técnicos, 2.297 (30%) fueron remitidas a tribunales.

Solo 11 días atrás, el 17 de agosto, el Tribunal de Pavas también ordenó derribar 50 ranchos que fueron levantados cerca de un área protegida en Pavas.

Otra sentencia similar ordenó a un vecino de Alajuelita demoler varias construcciones que levantó a la orilla de la quebrada Común, en Concepción.

Miguel Sandoval deberá botar la vivienda que construyó desde el 2011 por invadir el área de protección de la quebrada y, además, tendrá que pagar la demolición, según determinó el Tribunal Penal de Pavas el pasado 5 de julio.

La Comisión Nacional de Emergencias también reitera constantemente a los municipios velar por el ordenamiento territorial y el respeto de la zona de protección de ríos y quebradas, ya que ante eventos de lluvias fuertes esas familias son las más expuestas a que sus casas sean arrasadas por las corrientes de agua, como ocurrió este año en San Rafael Abajo de Desamparados.