Hugo Solano C.. 26 mayo
El abogado Federico Campos (camisa blanca), junto con Daniela Vargas, defiende al principal imputado, Lorenzo Castaño, quien este martes rechazó los cargos que se le atribuyen por estafa. En la sala se siguen medidas contra la pandemia. Foto: Mayela López.
El abogado Federico Campos (camisa blanca), junto con Daniela Vargas, defiende al principal imputado, Lorenzo Castaño, quien este martes rechazó los cargos que se le atribuyen por estafa. En la sala se siguen medidas contra la pandemia. Foto: Mayela López.

El principal sospechoso de un delito de estafa por más de ¢53 millones contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) compareció la mañana de este martes en el juicio que afronta junto con otros dos sujetos.

Se trata del cubano Lorenzo Ramón Castaño Suárez, de 52 años, quien durante más de cuatro horas rechazó los cargos que se le atribuyen e insistió en que la Fiscalía realizó una investigación errada.

Calificó como deficientes las averiguaciones del Ministerio Público, al estimar que enfocó las responsabilidades contra él, por el hecho de haber cobrado facturas de insumos que estaban en consignación y, por ende, en resguardo del hospital.

También dijo que nunca se investigó a los médicos responsables de utilizar los implementos, para ver cómo fueron usados. Afirmó que muchos se negaban a llenar y firmar los formularios para el control de los insumos en las cirugías.

De acuerdo con el abogado Federico Campos, codefensor de Castaño, nunca se investigó porqué los médicos no firmaban las hojas de consumo de implementos, “que pudieron haber sido utilizados para “biombos” o si fueron hurtados para uso privado”.

De esta forma, en la comparecencia de Castaño se dejó entrever la posibilidad de que algunos médicos fueran los responsables del mal uso de dispositivos ortopédicos que, según la acusación, pudieron no haber existido.

Lorenzo Castaño era el encargado de las relaciones comerciales de la compañía Synthes, quien entre el 2009 y 2011 habría sido parte la presunta estafa contra la entidad aseguradora.

Los otros dos imputados son Johan Masís Arrieta, vendedor de la empresa y exfuncionario del Hospital Max Peralta de Cartago, de 36 años; y Edwar Aguilar Alcócer, vendedor de la firma.

Ya dos de ellos han comparecido ante los jueces.

Facturas dudosas

Al parecer, los tres acusados habrían vendido aparatos de ortopedia, como placas, clavos, tornillos, alambres, agujas, prótesis y pines, a los hospitales Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José, y Max Peralta, de Cartago, entre el 2009 y el 2011.

En determinado momento, se detectaron supuestas anomalías, pues al parecer hubo procedimientos que no se hicieron.

Esa vez se cobraron facturas y se intentaron cobrar otras, por tratamientos a pacientes que al parecer nunca entraron al quirófano, que no eran de Ortopedia e incluso habían personas fallecidas, que aparecían como beneficiarias de operaciones con esos dispositivos.

Durante el desarrollo de las pesquisas se decomisaron facturas en los dos hospitales y se determinó que en muchas de ellas se cobraban insumos que no habían sido requeridos por ningún paciente.

El debate se desarrolla en la sala 1 de los Tribunales de San José desde el 18 de mayo y está previsto para terminar en agosto.

Castaño, quien es el único de los sospechosos que está privado de libertad y los custodios a su lado usaron, durante su estadía en la sala, mascarillas para protección contra el nuevo coronavirus.

Al cubano se le atribuyen 100 delitos de estafa en concurso material con 100 delitos de falsedad ideológica, todos contra la Caja.

El hombre se había fugado de la justicia costarricense, por lo que la Fiscalía había solicitado una orden de captura internacional en su contra que dio frutos en abril del 2019, cuando lo capturaron en Miami (EE. UU.) y lo extraditaron a nuestro país.

Por su parte, Masís y Aguilar son sospechosos de dos delitos de estafa y uno de tentativa de estafa.

Debido a que se esperan cerca de 100 testigos, este debate fue catalogado como de tramitación compleja y por eso se desarrolla casi seis años después de interpuesta la denuncia y una década después de ocurridos los hechos. Fue imposible que las partes conciliaran.

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual, dispuso que no brindará declaraciones hasta que finalice el juicio. Su representante es Yorleny Matamoros.