Cuatro años es el plazo en el cual el Ministerio de Justicia debería levantar un nuevo centro penal que ponga fin al hacinamiento en el centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
Así lo señaló el magistrado Paul Rueda en la redacción que hizo por separado del voto 2019-002701 del 15 de febrero, según la cual, ya es momento de dar una solución permanente al problema y dejar de atacar con medidas paliativas.
La sentencia declaró con lugar un recurso de amparo planteado por un recluso de apellido Jiménez. El voto de mayoría, redactado por el magistrado Jorge Araya, le dio un un mes a la administración carcelaria, contado a partir de la notificación de la sentencia, para eliminar el hacinamiento crítico en el módulo A - 1, hasta llegar a su capacidad real, de conformidad con las exigencias de las “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”.
Paul Rueda, sin embargo, se enfocó en todo el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, en consideración a las denuncias que hizo el recurrente, quien reclamó, por ejemplo, que ante la falta de espacio debe dormir en el baño, es decir, sobre el piso mojado y soportando hedores de aguas negras.
“Se ordena a las autoridades recurridas que, amén de continuar con las medidas que estimen pertinentes para eliminar el hacinamiento crítico en los centros de atención institucional hasta llegar a su capacidad real, ejecuten todas las acciones pertinentes dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que, dentro del plazo de cuatro años contado a partir de la notificación de esta sentencia, se construya un nuevo centro de atención institucional para atender la población penitenciaria que excede la capacidad del CAI objeto de este asunto”, añade Rueda.
Este jueves, Justicia dio a conocer los datos actualizados de población penal. Según estos, en 21 centros están recluidos 15.454 personas, con una sobrepoblación del 30%. En el caso de La Reforma hay 3.206 privados de libertad y una sobrepoblación del 46,8%.
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Rueda fue enfático en que desde hace 20 años, la Sala Constitucional viene dando “reiteradas órdenes" para que se elimine el hacinamiento; sin embargo, este persiste.
“Considero que esta Sala, llamada a ser garante de los derechos fundamentales, no debe ignorar esta realidad”, insistió el alto juez.
Indicó que, pese a que la población penal aumenta, la capacidad del sistema penitenciario “ha sido insuficiente para recibir en condiciones dignas a todas las personas”.
Para hacerlo, añadió, se debe prever y planificar la construcción de cárceles necesarias según la tasa de personas sometidas a una sanción de privación de libertad, y sin dejar de tomar medidas de prevención de delito.
“El fomento de la educación, de actividades deportivas y artísticas, de la difusión de valores positivos y la defensa de la familia, entre otras muchas alternativas, resultan útiles a los efectos de prevenir el delito, en lo que indefectiblemente la atención a los niños y jóvenes deviene primordial”.
Nota del editor: esta información fue modificada a las 9:30 a. m. del viernes 8 de marzo para hacer correcciones sobre la redacción del voto de la Sala IV .