Judiciales

Sala IV anula extradición y cuestiona justicia de Venezuela

Extranjero fue pedido por su país por supuesta estafay lavado de dinero

La Sala Constitucional anuló la extradición de un venezolano, buscado en su país por estafa, porque no encontró pruebas de que cometiera los delitos que le atribuyen.

Adicionalmente, los magistrados rechazaron por unanimidad el envío del extranjero al cuestionar el sistema de justicia de Venezuela pues “carece de garantías mínimas de un sistema de justicia objetivo e imparcial”, dice el voto N.° 2015-11568.

Por esas dos razones, se ordenó la liberación inmediata del venezolano, quien estaba detenido en la cárcel de San Sebastián desde el 19 de diciembre del 2014 a raíz de una solicitud de extradición por supuesta estafa, obtención fraudulenta de divisas, lavado de dinero y asociación ilícita. Este medio se reservará la identidad del foráneo por seguridad.

Proceso. Inicialmente, el Tribunal Penal de Pavas ordenó la extradición, el 18 de marzo del 2015, pero el venezolano apeló la decisión y pidió, paralelamente, el refugio a Migración y Extranjería.

No obstante, el Tribunal de Apelación de Goicoechea, en un voto dividido, le rechazó el recurso y confirmó la extradición. Migración le negó el refugio.

En ese momento, la esposa del venezolano –una costarricense con quien lleva siete años casado– interpuso un recurso de habeas corpus , el cual se declaró con lugar el pasado viernes.

Los magistrados explicaron que tanto los jueces del Tribunal Penal de Pavas como del Tribunal de Apelación de Goicoechea, quienes ordenaron la extradición, omitieron revisar si había pruebas suficientes en contra del hombre y se limitaron a listar hechos que Venezuela atribuía.

Esa situación fue considerada por la Sala como una “grave omisión”, ya que no basta la sola comprobación de la solicitud formal de la extradición para garantizar el debido proceso al amparado. En este caso, un juez de apelación –Mario Porras– salvó el voto.

En la resolución de la Sala Constitucional también se analizó que el venezolano ni siquiera ha sido juzgado en su país, por lo que no hay indicios mínimos razonables para detenerlo.

Vicios políticos. El magistrado Fernando Cruz aseguró que el Estado venezolano presenta graves debilidades jurídico-políticas para asegurar un enjuiciamiento que respete el debido proceso.

“Enviar a un ciudadano a un país que ha denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual tutela derechos fundamentales, no brinda la confianza suficiente para admitir que el ciudadano que se entrega a otra jurisdicción será tratado conforme a las garantías básicas que merece cualquier ciudadano, no importa su nacionalidad”, argumentó el alto juez.

Asimismo, indicó que el 75% de los jueces en Venezuela están nombrados en forma provisional y dependen de una autoridad política, por lo que podrían juzgar conforme a la voluntad de sus superiores.

Los magistrados Ernesto Jinesta, Fernando Castillo, Paul Rueda, Luis Fernando Salazar y Nancy Hernández explicaron, en una nota aparte, que para tutelar la libertad personal es necesario un sistema de justicia independiente que garantice objetividad e imparcialidad de los jueces.

Erick Gatgens, abogado del venezolano, señaló que la solicitud de extradición no describe cuál habría sido la conducta delictiva de su cliente.

“Se ha sostenido desde un inicio que existen claras razones de persecución política y se ha ofrecido abundante prueba al respecto”, señaló el defensor.

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