Carlos Arguedas C.. 31 enero
El parque de Colorado de Abangares recibió en el 2008 y 2009 una inyección de ¢100 millones, pero las obras quedaron inconclusas, según determinó la Contraloría General. Foto: Alonso Tenorio
El parque de Colorado de Abangares recibió en el 2008 y 2009 una inyección de ¢100 millones, pero las obras quedaron inconclusas, según determinó la Contraloría General. Foto: Alonso Tenorio

Un hombre al que la justicia no ha podido localizar, pese a que lo declaró reo rebelde y emitió una orden de captura en su contra, está inscrito como candidato a vicealcalde del cantón de Abangares, por el PLN, para las elecciones de este domingo 2 de febrero.

Se trata del exintendente del Concejo de Distrito de Colorado de Abangares, Juan Luis Matarrita Gómez, a quien la Fiscalía atribuye los delitos de peculado e influencia contra la hacienda pública, por presuntas anomalías en la construcción de un parque con fondos donados por China en el 2008.

En ese año, la obra se gestó, planeó y adjudicó en menos de cinco meses por un monto de ¢100 millones, dinero que hoy equivale a unos ¢157 millones.

Las labores se ejecutaron durante el mes de octubre del 2008. Sin embargo, hubo atrasos y la remodelación fue entregada, con evidentes deficiencias, el 30 de junio del 2009.

Un informe de la Contraloría General de la República develó las pifias y permitió a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción sustentar la investigación penal que se tramita en el expediente 09-201106-0413-PE.

Para la Fiscalía, durante la construcción del parque, se autorizaron pagos por obras que no se realizaron.

Sin embargo, una posible extinción de la acción penal se podría traer abajo la investigación judicial.

Luego de 10 años de pesquisas, el 18 de junio del 2019, el Ministerio Público presentó una acusación por supuesta corrupción contra el exintendente de Colorado de Abangares, Juan Luis Matarrita Gómez, contra un arquitecto de apellidos González Chaves y contra un empresario apellidado Sancho Rojas.

A ellos se les atribuyeron siete delitos de peculado, hecho que acarrea de tres a 12 años de cárcel por la distracción o sustracción bienes públicos.

Además, al exintendente Matarrita lo vinculan con un delito de influencia contra la hacienda pública, es decir, influir en un resultado que lesione recursos públicos, lo que es castigado con dos a ocho años de prisión.

En tanto, a González y a Sancho también les achacaron un delito de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, o sea, falsear la información sobre la ejecución de una obra pública, lo que también es penado con dos a ocho años.

La Nación trató de localizar al exintendente y actual candidato a vicecalcalde Matarrita, pero no aparecen registros telefónicos a su nombre.

Este jueves 30 de enero, la oficina de Prensa de la Fiscalía confirmó que Matarrita Gómez no ha sido ubicado por la Policía Judicial y que se mantiene vigente la orden de captura girada en su contra.

Tropiezos del proceso

El proceso penal empezó a tener tropiezos el 3 de setiembre del 2019 cuando el Juzgado Penal de Hacienda determinó que al imputado Matarrita Gómez no se le podía localizar y no atendía los llamados de las autoridades judiciales.

La jueza penal, Carolina Castro Salazar, decidió declararlo reo rebelde al tiempo que emitió una orden de captura para el exintendente.

Al día siguiente, la misma jueza Castro Salazar, al analizar el expediente con la finalidad de determinar si el asunto era elevado a juicio, encontró que la acción civil presentada por la Contraloría General de la República no fue notificada a los demandados, lo cual constituía una lesión al derecho de defensa.

Asimismo, hizo ver que, desde el 28 de noviembre del 2013, el exintendente Matarrita no cuenta con defensor y tampoco se le notificaron la querella ni las acciones civiles. Debido a lo anterior, declaró una actividad procesal defectuosa para subsanar las deficiencias.

Además, resolvió devolver el expediente al Ministerio Público para que corrija los defectos y que, incluso, separe del expediente principal a Matarrita Gómez, con el fin de evitar alguna posible prescripción de la acción penal.

La oficina de prensa del Ministerio Público informó de que la Fiscalía de Cañas está subsanando los defectos y está a la espera de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o la Fuerza Pública de Abangares detengan al exintendente.

Según la página digital del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Juan Luis Matarrita Gómez es candidato a la segunda vicealcaldía de Abangares por el partido Liberación Nacional (PLN), para las elecciones que se realizarán este 2 de febrero.

El abogado Edgardo García Vargas, representante legal del Concejo Municipal de Colorado, le envió una nota a la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, en octubre anterior.

En el documento le hizo ver que, en este caso, existe el riesgo de prescripción, al tiempo que se mostró preocupado por el hecho de que una persona que aspira a un puesto público no pueda ser localizada para que afronte la justicia.

“Este proceso se inició en el año 2009 y han transcurridos 10 años sin que a la fecha el pueblo de Colorado de Abangares se le dé respuesta de la pérdida de los dineros de la municipalidad, por lo que solicito su intervención”, dice el abogado García en la nota.

Ágil trámite a donación

Los ¢100 millones que se usaron para modernizar el parque de Colorado de Abangares provenían del llamado Fondo Solidario Municipal, que el gobierno creó con una donación de China por $30 millones (¢26.000 millones).

La asignación de los recursos para Colorado la hizo el Ministerio de Hacienda el 13 de junio del 2008, pero desde el 25 de febrero de ese año el Concejo Municipal de Colorado había acordado invertir los ¢100 millones en el mejoramiento del casco urbano.

En el informe de la Contraloría General de la República se señala que el ayuntamiento, sin seguir ningún procedimiento, recibió tres ofertas para elaborar un anteproyecto del parque y contrató al arquitecto de apellido González para realizar el anteproyecto y los planos de construcción.

Asimismo, advirtió de que el municipio, luego de publicar y declarar desierta una licitación en La Gaceta por razones administrativas, invitó a tres empresas a participar en una compra directa, en la cual sólo participó la firma Castro & Asociados Arquitectos e Ingenieros Ltda.

Esa firma, señala el informe de la Contraloría, compró el cartel y los planos del proyecto el 6 de octubre a las 9:57 a. m., solo una hora antes del cierre del concurso que era a las 11 a. m.

El 13 de octubre, el arquitecto González avaló la única oferta y el mismo día el Concejo Municipal adjudicó los trabajos.

Siete días después, el exintendente firmó el contrato con la empresa adjudicataria, que empezó los trabajos el 27 de octubre. Debieron estar concluidos el 31 de diciembre de ese año.

En un informe de la Contraloría General de la República se señaló que encontraron defectos en instalación de la red eléctrica y en la construcción de aceras. Foto Alonso Tenorio
En un informe de la Contraloría General de la República se señaló que encontraron defectos en instalación de la red eléctrica y en la construcción de aceras. Foto Alonso Tenorio