Un total de 23 presos por pensión ganan ¢1.250 diarios por construir nuevos espacios en la Unidad de Apremiados Corporales, ubicada dentro de la cárcel Jorge Arturo Montero Castro, conocida como La Reforma, en Alajuela.

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La información fue confirmada por el Ministerio de Justicia y Paz ante una consulta de este medio sobre el proyecto que permitirá ampliar en 110 cupos esta infraestructura, la cual da contención a hombres que no pagaron la cuota alimentaria.

Según Justicia, estos hombres reciben un incentivo de “¢12.500 por cada diez días laborados” y tienen jornadas que pueden extenderse “por cinco o seis horas, de acuerdo con las labores programadas para ese día”.

Si ellos estuvieran libres e hicieran esas labores, recibirían ¢10.620 diarios, según la lista de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo.

Para poder trabajar, eso sí, los presos tuvieron que firmar un consentimiento, en donde dejaron claro que lo hacen de forma voluntaria y que aceptan las condiciones, entre las cuales están mantener siempre un buen comportamiento.

Una vez se hizo eso, los trabajadores pasaron a estar bajo la tutela del departamento de Arquitectura, el cual les otorgó las funciones que realizan desde abril hasta ahora. Es decir, no participa ninguna constructora.

Se prevé que estas obras sean entregadas a finales de julio.

Defensoría: Se debe diseñar un incentivo específico para apremiados

Justicia enfatizó en que el dinero que se les paga es un incentivo económico, no un salario; es decir, no se trata de una relación laboral.

“El trabajo en los centros penitenciarios es voluntario y está concebido como una herramienta para aprendizaje o desarrollo de habilidades, a través de un aprovechamiento de su tiempo de forma productiva durante el descuento de la pena (en el caso de las personas sentenciadas)”, indicó la oficina de prensa por medio de un correo.

Sobre eso, queda entendido también que, como los presos por pensión no descuentan ninguna pena, no son sujetos del beneficio de descuento de dos días de trabajo por un día de prisión que establece el Código Penal en el caso de sentenciados.

Por su parte, la Dirección de Igualdad y No Discriminación de la Defensoría de los Habitantes considera que, aunque esto no se trata de un salario, las condiciones deben ser distintas para los apremiados.

“Se debe diseñar un incentivo para personas apremiadas específicamente (...) y no aplicarles el incentivo dispuesto para personas privadas de libertad como se realiza actualmente, pues son poblaciones diferentes sujetas a condiciones diferentes”, agregó dicha Dirección.

El Mecanismo de Prevención de Tortura (MNPT), adscrito a la Defensoría, apuntó que, en efecto, lo que existe es un “reconocimiento laboral” y que, hasta por asuntos presupuestarios, dichos incentivos no alcanzan para toda la población penal.

Advirtió que, aunque no se trate de una relación laboral, los reclusos sí deben estar cubiertos por una póliza de riesgos o laboral de accidentes. “De tal manera que, en caso de sufrir un accidente laboral, sean sujetos de recibir la indemnización correspondiente por una posible discapacidad”, señaló Róger Víquez, director de esa entidad.

Concluyó en que, más allá del tema de la remuneración, las autoridades penitenciarias no pueden obligar a ningún reo a laborar bajo ninguna circunstancia, ni pueden usar el trabajo como castigo.

Más capacidad

Debido a que la Unidad de Pensiones Alimentarias, en La Reforma, es de las que tiene un alto flujo de ingreso, las autoridades penitenciarias decidieron ampliarla.

Actualmente, la capacidad máxima es de 213 presos, pero mantiene recluidos a 319, confirmó Justicia.

Si todo sale según lo planeado, para finales de julio se inaugurarían 110 espacios más, lo que llevaría la capacidad a 323.

El ministerio indicó que la ampliación del módulo en 400 metros cuadrados incluye un nuevo dormitorio, con 55 camarotes, baterías de duchas y servicios sanitarios.

Tendrá un costo de ¢180 millones.