El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, acudió este martes por la mañana a la Asamblea Legislativa para reunirse con diputados y otros representantes judiciales con el objetivo de allanar el camino para las reformas que requiere el Poder Judicial.
La reunión se produce a pocos días de que arranque la discusión del proyecto que establece un protocolo de actuación para los empleados judiciales, con el fin de prevenir e identificar cualquier interés privado que busque influir indebidamente en sus funciones.
“Lo que se requiere con la reforma es discutir una serie de conductas que serían limitadas para los funcionarios judiciales, para tratar de solventar deficiencias que en el pasado se produjeron como conflictos de interés o conductas que no deben producirse en funcionarios judiciales.
“El tema del lobby (cabildeo) va a ser muy discutido, para saber hasta dónde puede llegar la actividad de un magistrado propietario para hacer lobby en el parlamento”, explicó Cruz luego de una reunión de poco más de dos horas.
En la encerrona participaron la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo; Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Ana Karine Niño, de Liberación Nacional (PLN); Zoila Volio, de Integración Nacional, y José Manuel Echandi, asesor del Republicano Socialcristiano.
Además, asistieron Róger Mata, jefe de despacho de la Presidencia de la Corte; Alfredo Chirino, decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR); Juan León, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas; Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud); Dalia Núñez, tesorera de Acojud, y el jurista Walter Antillón.
El objetivo de la actividad fue estrechar el diálogo entre las autoridades judiciales y legislativas.
Hidalgo detalló que ella y Cruz habían planteado la necesidad de tener un espacio “transparente para construir y compartir la visión del Poder Judicial y la Asamblea Legislativa” sobre las reformas.
Agregó que en este primer encuentro Cruz expuso el trabajo que se realiza en el Poder Judicial con respecto a las reformas y ella le detalló los seis proyectos que existen en la corriente legislativa.
“Conversamos sobre los proyectos que se han planteado en la Asamblea Legislativa sobre posibles reformas al Poder Judicial y su forma de trabajar, por ejemplo, la relación de la Corte Plena con la parte administrativa, eso es algo en que las partes coinciden que se debe revisar, estamos de acuerdo que hay que analizarlo en conjunto, pero no se aterrizó para verlo en otras sesiones.
“También hablamos de que la mayoría de proyectos de la Asamblea Legislativa están relacionados con los requisitos de la elección de los magistrados y los procedimientos, así como del asunto disciplinario en general y la anticorrupción porque recordemos que está pendiente la discusión sobre la forma en la que se deben sancionar o no los supremos poderes”, manifestó Hidalgo.
La presidenta del Congreso destacó que también se visualizaron temas para trabajar en próximas sesiones, pero que la fecha para estas no está definida, ya que depende de la agenda de los participantes y de un análisis previo de los objetivos de la reunión.
“El objetivo es construir un consenso sobre algunos mínimos de reformas al Poder Judicial que tengan tanto elementos técnicos como jurídicos importantes, de manera que las reformas que aquí se tramitan sean lo más sólidas posibles y viables en lo político de manera transparente”, enfatizó Hidalgo.
Cruz, por su parte, recalcó que desde el año pasado hay 10 grupos laborando en las reformas y que la mesa de trabajo en el Congreso es positiva para “allegar proyectos”.
Además, destacó que existe coincidencia sobre la importancia de tramitar el proyecto sobre la Carrera Fiscal, el cual se encuentra en la corriente legislativa bajo el expediente 20.978.
Cruz mencionó que si bien todos los temas son urgentes, se debe ir paso a paso para no tener errores y expresó que de momento el proyecto del crimen organizado no puede ejecutarse, por los problemas fiscales existentes para que entre en vigencia una jurisdicción especializada que requiere una inversión de recursos considerable.