Eillyn Jiménez B.. 17 abril
Los sospechosos laboraban en la delegación de la Fuerza Pública de Miramar de Montes de Oro, en Puntarenas. Foto: Andrés Garita, corresponsal de GN
Los sospechosos laboraban en la delegación de la Fuerza Pública de Miramar de Montes de Oro, en Puntarenas. Foto: Andrés Garita, corresponsal de GN

Dos oficiales de la Fuerza Pública, destacados en la delegación policial de Miramar de Montes de Oro, Puntarenas, fueron suspendidos de sus cargos por seis meses, ya que figuran como sospechosos de cobrar ilegalmente ¢110.000 a dos personas que transportaban mariscos.

La Fiscalía Adjunta de Puntarenas informó este viernes, por medio de un comunicado de prensa, que durante la audiencia de solicitud de medidas cautelares, realizada el jueves por la tarde ante el Juzgado Penal de la zona, ellos presentaron sus peticiones y estas fueron acogidas.

Por eso, además de permanecer suspendidos, los uniformados no podrán contactar ni perturbar a los ofendidos por los próximos seis meses.

Según la investigación del caso, la semana anterior dos oficiales de apellidos Herrera Mora y Chaves Sibaja se encontraban realizando un control en carretera y detectaron que dos personas no portaban su documentación al día, por lo que, aparentemente, pidieron dinero a cambio de evitar una detención.

Los oficiales tenían ocho y nueve años de trabajar para el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), confirmó esa institución a La Nación.

De acuerdo con el Ministerio Público, a los policías se les investiga por dos casos distintos registrados con 10 minutos de diferencia el pasado 6 de abril.

El primero se registró en las cercanías de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), entre El Roble y Miramar, cuando los imputados interceptaron a un hombre que se dirigía al Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada), en Heredia, con gran cantidad de mariscos.

Poco después, en Cuatro Cruces de San Isidro, en Montes de Oro, interceptaron un camión que llevaba hieleras con camarón, también hacia Cenada.

Los sospechosos, aparentemente, amenazaron con decomisar el producto y detener a los ofendidos si no les daban dinero.

"En el primer caso, los oficiales le habrían solicitado dinero a cambio de no decomisar el producto, logrando apoderarse de ¢40.000.

“Con el segundo ofendido, al parecer, recibieron ¢70.000, más de un kilo de camarón producto de la intimidación”, explicó la Fiscalía.

Ambos casos se tramitan en los expedientes 20-000556-061-PE y 20-537-061-PE por el presunto delito de concusión.

El Código Penal establece que la concusión se castiga con penas de entre dos y ocho años de cárcel al funcionario que obligue “a alguien a dar o prometer, indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.