Una mujer cayó en manos de la Policía de Migración y Extranjería la mañana de este miércoles, como sospechosa de prostituir a su hijastra menor de edad.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, desde el 2016 y hasta el 16 de octubre del 2019, presuntamente la madrastra dejaba a la joven en manos del sujeto, quien pagaba por tener encuentros sexuales con ella.
La prueba hace sospechar que la imputada también obligó a la adolescente a vivir con el hombre, de apellido Martínez y, a cambio de ello, en apariencia, la imputada recibía una remuneración económica.
En octubre del 2019, el personal del centro educativo al que asistía la joven conoció la situación, por lo que alertó a las autoridades, quienes procedieron a rescatarla y a darle el soporte psicológico y social necesario.
La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas dirigió este miércoles el operativo en el que, además de detener a la mujer, se capturó al sujeto que aparentemente pagaba por ese delito.
La sospechosa, de apellidos Ugarte Guido y el hombre, apellidado Martínez Fargas, deberán afrontar ahora un proceso judicial por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y matrimonio servil.
Los hechos investigados determinaron la participación de Martínez Fargas, ya que, en coordinación con la madrastra, llevaron a la menor a ser víctima de trata de personas con fines de matrimonio servil.
Los imputados, ambos nicaragüenses, serán indagados en las próximas horas en el Ministerio Público.
La madrastra fue detenida en su casa, en La Milpa de Guararí, en el distrito herediano de San Francisco, mientras que Martínez fue capturado en una vía pública de la misma zona.
Esta actividad delictiva se encuentra establecida en el artículo 172 del Código Penal y establece una pena entre los ocho y 16 años de prisión, según los agravantes que se cometan.
Según ese artículo el que " promoviere o facilitare la entrada o salida del país de mujeres o de menores de edad de uno u otro sexo para que ejerzan la prostitución, será reprimido con prisión de cinco a diez años", sin embargo el agravante en este caso obedece a que la mujer tenía a la víctima bajo su custodia y a que se trata de una menor.
El caso se mantiene bajo investigación dentro del expediente 19-000037-1321-PE, informó la Fiscalía en un comunicado.