Policía allana Tribunal Eclesiástico y curia metropolitana por investigación en contra de curas Mauricio Víquez y Manuel Guevara

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Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron este jueves por la mañana las instalaciones del Tribunal Eclesiástico y la curia metropolitana, en San José, como parte de las investigaciones que se siguen en contra del exsacerdote Mauricio Víquez Lizano, de 54 años, y el cura Manuel Antonio Guevara Fonseca, de 52.

Las diligencias, dirigidas por la Fiscalía del II Circuito Judicial de San José y la Adjunta de Género, se iniciaron a las 8 a. m. y tenían como objetivo el allanamiento, registro y secuestro de documentos de las instalaciones, ubicadas en el edificio de la Conferencia Episcopal, en barrio México. La Conferencia es la máxima autoridad de la Iglesia católica.

“En las acciones operativas participan tres fiscales y se tiene como objetivo recabar prueba documental relevante para ser aportada a las causas, las cuales se encuentran en la fase preparatoria de la investigación”, detalló el Ministerio Público en un comunicado.

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Todas las pruebas recolectadas serán incluidas en los expedientes 18-000854-994-PE, en el que se investiga a Víquez por violación y otros, y en el 19-000569-0175-PE, en el que Guevara figura como sospechoso de un abuso sexual en contra de persona menor de edad.

De acuerdo con las autoridades judiciales, cuando Víquez ejercía el sacerdocio en la iglesia de Patarrá de Desamparados violó a una persona de apellidos Alvarado.

Los hechos habrían ocurrido en setiembre 2003, cuando la víctima tenía 11 años. En la actualidad el muchacho tiene 27.

Trascendió que en las diligencias se ubicaron al menos 20 denuncias en contra de otros sacerdotes; sin embargo, esos datos aún no han trascendido.

Mientras los allanamientos se realizaban, en la Catedral Metropolitana se realizaba una misa y afuera, algunas personas gritaron, "salgan corruptos, den la cara... salgan”.

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Jeison Granados, vocero de la curia metropolitana, aseguró a los medios de comunicación que la Iglesia católica está en la mejor disposición de colaborar con las autoridades.

“Estamos en la mejor disposición de colaborar con las autoridades, por eso les damos lo que ellos requieran", manifestó Granados.

Agregó que en el Tribunal Eclesiástico están las denuncias planteadas por las supuestas víctimas y que "el objetivo de la Iglesia es que se esclarezca la situación”.

Expulsado

El pasado 25 de febrero el Vaticano avaló la expulsión de por vida, del estado clerical, de Mauricio Víquez, luego de conocer las denuncias que pesan en su contra por abuso sexual.

Así lo recomendó la Congregación para la Doctrina de la Fe, que instruyó a las autoridades eclesiásticas costarricenses para que se adoptara la medida. Víquez tendría la posibilidad de impugnar la decisión.

Según un comunicado de la arquidiócesis de San José, emitido ese día, el origen de este caso deriva de las denuncias de dos víctimas, que señalaron a Víquez por abusos sexuales cometidos cuando eran menores de edad.

Aunque sus casos ya prescribieron en la vía penal, el expediente se tramitó bajo el derecho canónico, y por eso la situación del sacerdote se analizó en el Vaticano.

Contra Víquez fue girada el 19 de febrero una orden de captura internacional, pues el ahora exsacerdote salió del país desde el 7 de enero y a la fecha se desconoce su paradero.

Aparte de la investigación penal, dentro del proceso canónico hay otras denuncias contra Víquez.

Igualmente, en la vía canónica, fueron denunciados el actual arzobispo de San José, José Rafael Quirós, y el arzobispo emérito, Hugo Barrantes, por supuesto encubrimiento, pues cuando el primero fungía como vicario general de la arquidiócesis de San José, y el segundo como arzobispo, supieron de al menos un caso de abusos en el que se señalaba a Víquez. Eso ocurrió en el 2003.

Contra Quirós no hay ninguna denuncia penal, confirmó la Fiscalía ante consulta de este medio.

Víquez fue removido del oficio de párroco; no obstante, seguía en el ejercicio del sacerdocio.

Posteriormente, en 2016, y ya con tres años como arzobispo, José Rafael Quirós tomó la decisión de restringir “un poco más” el ejercicio sacerdotal de Víquez, y le impidió celebrar sacramentos por “conducta homosexual con adultos”. No obstante, el cura continuaba ligado con las labores eclesiásticas.

No fue sino hasta mayo de 2018, que finalmente la Iglesia católica tomó la decisión de suspender al sacerdote, quien finalmente fue expulsado.

Ante lo que se considera una tardanza, dos de las víctimas del sacerdote, Michael Rodríguez y Anthony Venegas, presentaron la denuncia ante el Vaticano contra Quirós y Barrantes; este último retirado desde 2013.

Con medidas cautelares

Al sacerdote Manuel Guevara Fonseca se le abrió una causa penal, después de que un joven denunciara que el cura abusó de él cuando era menor de edad.

Un día antes, la arquidiócesis de San José reveló que separó del oficio parroquial al cura mientras se realizaba la investigación por una denuncia canónica presentada por el mismo joven.

Contra el cura se dictó una medida cautelar de presentarse a firmar una vez al mes al Juzgado del Segundo Circuito Judicial de San José.

Además, se le prohibió agredir, amenazar, perturbar o contactar al ofendido y no acercarse a una distancia de menos de 500 metros de la víctima.

La Fiscalía pidió impedimento de salida del país contra el cura, pero el Juzgado no acogió la solicitud. La representación fiscal apeló esta decisión, la cual será vista por el Tribunal Penal.

Otros casos

En las últimas semanas, otras investigaciones e incluso sentencias han involucrado a sacerdotes.

Un empresario denunció hace dos semanas haber sido víctima del cura Hernán Castillo Huertas hace casi cuatro décadas. Castillo tiene ahora 85 años y está retirado.

Otro hombre que se mantiene en el anonimato se sumó a la denuncia canónica presentada ante el Tribunal Eclesiástico.

Ambas causas prescribieron por la vía penal.

También la arquidiócesis de San Carlos se vio sacudida con una nueva denuncia contra el religioso Francisco Calvo “por conducta sexual inapropiada”. Por esta razón, el obispo José Manuel Garita ordenó la suspensión canónica contra el cura, quien en 2004 había sido condenado por abuso sexual.

Calvo cumplió una condena de prisión y luego la Iglesia le permitió volver a ejercer el sacerdocio.

Información actualizada a las 10:10 a. m. con más datos del caso.