La Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José dirigió la mañana de este miércoles dos operativos simultáneos en la Municipalidad de Goicoechea, en relación con dos investigaciones independientes que se siguen por delitos de peculado y nombramiento ilegal.

Por el primer caso, hubo cuatro allanamientos en la Auditoría, la Secretaría del municipio, el Departamento Financiero Contable y en el Comité de Deportes.

Esa investigación tiene relación con un presunto giro irregular de ¢28 millones.

La causa se tramita contra ignorado, es decir, no hay imputados individualizados; sin embargo, con la información que se decomisó la Fiscalía solicitará un informe económico al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el que se podría determinar a la persona o personas responsables.

Sobre este caso en particular, la alcaldesa de ese municipio, Ana Lucía Madrigal Faerrón, sostiene que los hechos en investigación corresponden al manejo e inversión de fondos que eran parte del presupuesto del Comité Cantonal de Deportes.

Agrega que, aunque ese comité es un ente adscrito a la Municipalidad, de acuerdo al artículo 173 del Código Municipal, los representantes del Comité no son servidores municipales.

En su comunicado añade que “se nos ha informado que se trata de hechos de administraciones anteriores de ese Comité”.

Dejó claro que la Alcaldía no fue allanada y que está en la mejor disposición de cooperar con las autoridades judiciales.

Nombramiento ilegal

El segundo caso tiene relación con un presunto delito de nombramiento ilegal en el puesto de Director Jurídico, el cual habría sido autorizado por jerarcas del Ayuntamiento.

Por estos hechos ingresó una denuncia confidencial al Ministerio Público, que motivó la apertura de la investigación.

En relación con esta causa, se allanaron los departamentos Legal, Financiero Contable y la Auditoría.

La Fiscalía recabó prueba pertinente para determinar quién podría figurar como persona imputada; no obstante, por el momento se tramita contra ignorado.

Las dos diligencias se realizaron de manera simultánea entre las 7 a. m. y el mediodía.

El delito de peculado castiga con prisión de 3 a 12 años al funcionario público que sustraiga o distraiga bienes cuya administración le hay sido confiada, según establece el artículo 361 del Código Penal.

Los allanamientos de la Policía Judicial a municipios por este tipo de delitos son recurrentes, en junio se allanó el Concejo Municipal de Paquera, por casos similares.