El Poder Judicial ha pagado el salario completo a una jueza durante el año y nueve meses que lleva incapacitada por enfermedad.
Se trata de una funcionaria del Tribunal de Flagrancia de Limón, cuyas funciones las realiza una persona contratada para sustituirla. Es decir, hay una doble erogación por una sola plaza: el salario completo de la jueza y de su sustituto.
La situación fue confirmada por la oficina de prensa del Poder Judicial ante consultas de La Nación.
El caso trascendió en círculos judiciales debido a que la jueza, que ocupa un cargo de juez 4 (categorías van de juez 1 a juez 5), se estaba incapacitando de manera frecuente, pero a partir del 26 de marzo del 2019 lo hizo de manera continua. Incluso en noviembre presentó una nueva prórroga que se extiende hasta el 9 de enero del 2021.
Un funcionario judicial adquiere la categoría de juez o jueza 4 luego de trabajar en el Poder Judicial durante varios años y siempre empieza por la categoría inferior que es juez 1. Igualmente, fiscales o defensores públicos con vasta experiencia, pueden optar por un cargo de juez siempre que aprueben un examen que los acredite para el puesto.
El salario base para un juez 4 está en la actualidad en la suma de ¢1,2 millones, pero a ese monto se le deben sumar los beneficios como anualidades y prohibiciones. Se estima que un juez 4, devenga un salario promedio de ¢3 millones al mes.
Lo anterior significa que el Poder Judicial, durante el tiempo que la jueza del tribunal limonense ha estado incapacitada pagó un suma de ¢63 millones. Un salario similar se calcula deber recibir la persona que está nombrada para reemplazarla.
Aunque se intentó conocer en el Poder Judicial si existen casos similares con largos periodos de incapacidad, la respuesta emitida por la oficina de prensa fue escueta y se limitó a señalar: “Existen personas con la condición indicada, los cuales presentan condiciones que se ajustan a los lineamientos definidos por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)”.
En el 2012 había trascendido el caso de una fiscala de homicidios del Ministerio Público que acumuló 1.482 días (4 años) de licencia por enfermedad. Esa servidora, luego de difundida la información, optó por pensionarse. Igualmente, en aquel momento se mencionó el caso de otros tres funcionarios de la Fiscalía con largos períodos de ausencia por enfermedad.
¿Quién paga?
Cuando algún funcionario se incapacita, el Poder Judicial tiene una forma particular de pagar el salario de esos servidores.
La oficina de prensa en respuestas que envió a este diario explicó: “la CCSS cancela un subsidio correspondiente al 60% del salario, por lo que el Poder Judicial como patrono debe aportar el 40% restante”.
Con esa forma, los servidores judiciales reciben un 100% de salario, por lo que la ausencia por enfermedad no impacta su aguinaldo, ni cesantía. En tanto el resto del sector público y el privado reciben un 60% de subsidio por parte de la CCSS, nada más.
Así, disminuyen el ingreso, aguinaldo y cesantía, cada vez que los empleados se enferman.
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Sobre este tema Roxana Arrieta Meléndez, directora a. i. de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, en un informe que presentó a la Corte Plena el pasado 3 de agosto, explicó que desde noviembre del 2015, por un acuerdo del Consejo Superior, se decidió que “el Poder Judicial cancela el total del salario a la persona incapacitada y posteriormente recupera lo percibido (por concepto de subsidio de la CCSS).
“Anualmente se recuperan entre ¢3.000 y ¢4.000 millones por este concepto”.
Arrieta dijo a los magistrados: “Hay que tener claridad que existe una amenaza tácita por parte del área legal de CCSS, que si el Poder Judicial sigue depositando el 100% de los salarios de sus empleados, por considerarse una licencia con goce de salario, según lo determinó la Sala Constitucional, no seguirán realizando el depósito por subsidio a las personas trabajadoras del Poder Judicial. Sin bien es cierto, a la fecha solo ha sido un discurso, existe la incertidumbre que en cualquier momento tomen la decisión y materialicen su aseveración”.
Cifras del Poder Judicial detallaron que durante el año 2019 un total de 2.717 funcionarios se incapacitaron por enfermedad, lo que significó que se ausentaron de trabajar un total de 115.348 días.
Durante este año, entre el 1.° de enero al 7 de julio se inhabilitaron de trabajar por enfermedad 1.893 empleados, lo que significó 67.226 días de incapacidad.
Roxana Arrieta resaltó que los datos hacen ver que después del mes de julio, se tiene que hubo entre una a dos incapacidades diarias debido a la covid-19, lo cual podría incrementar las personas incapacitadas este año.
Justificaciones
La jueza incapacitada tiene 45 años y es vecina de Alajuela centro. Cuenta con más de 10 años de laborar en el Poder Judicial, donde se ha desempeñado en diversas funciones. Ella fue nombrada en el Tribunal de Flagrancia de Limón en el 2017, para que trabajara en una jornada que va de 4 p. m. a 11 p. m. de lunes a viernes.
Aunque se intentó conocer las razones que la obligaron a extender su incapacidad por un largo período, el Poder Judicial solo informó de que se trata de una situación relacionada con su salud.
Empero, en actas del Consejo Superior se menciona que en agosto del 2018, poco tiempo después de ser nombrada en Flagrancias de Limón, dicha jueza solicitó que la trasladaran a algún otro circuito judicial.
La gestión la hizo luego de que en enero de ese año sufriera un accidente de tránsito en el centro de la ciudad de Limón.
“Me siento vulnerable ya que Limón es una zona, que cuenta con un perfil de criminalidad muy violento, mi horario de trabajo es de noche (...) la hora de salida de la jornada laboral algunas veces se extiende más tarde de las 11 p. m. Los trayectos para desplazarse son desolados (...) y me desplazo siempre sola, tanto de día como de noche, lo cual facilitaría a personas hacerme algún daño”, argumentó la funcionaria en aquel momento.
El tema lo remitió el Consejo Superior a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público, que el 4 de octubre del 2018, luego de analizar la gestión rindió una respuesta, que fue declarada secreta.
Asimismo, en otro documento elaborado por la Inspección Judicial para analizar el trabajo en el Tribunal de Flagrancia de Limón, se resalta que esta jueza en un lapso de 114 días hábiles, solo trabajo 74.
Se trató del período entre el 1.° de noviembre del 2018 al 30 de abril del 2019, tiempo en el cual solo emitió una sentencia. Ese informe hace ver que otra jueza sustituta laboró 22 días y dictó nueve sentencias.