Un defensor público de Cóbano, Puntarenas, fue despedido sin responsabilidad patronal porque supuestamente ofreció ¢20.000 a un oficial de tránsito para que le ayudara, pues tuvo un accidente vial por conducir en estado de ebriedad.
La decisión la tomó el Consejo Superior del Poder Judicial el pasado 7 de febrero, según consta en el artículo XIII del acta 10-2019, del mencionado órgano. El documento está disponible en la página en Internet de la institución.
El hecho ocurrió entre las 5 a .m. y las 6 a.m. del 16 de setiembre del 2016, en Tambor de Cóbano, Puntarenas. A raíz de la situación, al funcionario judicial, de apellidos Ureña Garita, se le atribuyeron incorrecciones en su vida privada que afectan la imagen del Poder Judicial.
En el acta del Consejo se especifica que Ureña tuvo un accidente de tránsito y existe evidencia de que conducía ebrio.
"Conducía un vehículo en estado etílico, ya que se le hicieron las pruebas pertinentes que dieron positivas, lo que conllevó a que usted (Ureña) perdiera el control del carro y se saliera de la vía”, señala.
El documento judicial explica que, debido al percance, al lugar se presentó el oficial de Tránsito Allan Esteban Onnon Díaz, quien determinó que el conductor del vehículo era Ureña Garita.
"Cuando lo llamó para conocer los pormenores del suceso, usted Ureña Garita, de inmediato procedió a depositar con su mano derecha un billete de veinte mil colones dentro de la patrulla de tránsito número 8-8, propiamente en el asiento. A la vez le dijo al oficial de tránsito supra citado ‘mae ayúdeme para el trámite del INS’, dinero que no fue aceptado por el oficial mencionado, el cual le sacó una fotografía al dinero a la par de su cédula y licencia de conducir”, informa el acta judicial.
El 24 de octubre del 2018, el Tribunal de la Inspección Judicial había recomendado la revocatoria del nombramiento, por cuanto un medio de comunicación de Cóbano, había divulgado la noticia de que un defensor público tuvo un accidente de tránsito cuando conducía en estado de ebriedad, “lo cual no queda duda se le ha causado un serio daño a la imagen del Poder Judicial”.
El implicado en su alegato de defensa, según consta en el acta del Consejo, expuso: “La sanción impuesta es absolutamente desproporcionada para los hechos por los cuales se le sanciona; pues sucedieron en horas y circunstancias que casi nadie se enteró. Tampoco se causó un daño a nada ni una lesión a nadie como para que se le impusiera la sanción más drástica”.
Sin embargo, los miembros del Consejo Superior avalaron la recomendación de la Inspección Judicial al afirmar que “la persona servidora judicial debe conducirse tanto en su vida laboral, de manera digna, siendo que las incorrecciones que cometa en el ejercicio del cargo o en su vida privada, que afecten el buen servicio o la imagen del Poder Judicial, acarrean su destitución según lo establecido en el artículo 28, inciso 2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial”
El despido de Ureña Garita se aplicó desde el 11 de febrero pasado.