Minutos antes de que el expresidente Óscar Arias ingresara a una audiencia judicial en la que dilucidará si debe ir a juicio por el caso Crucitas, aseveró:
"He venido a manifestar al señor juez que soy inocente, que esta es una acusación predeterminada desde que se reabrió el expediente hace casi dos años y que se reabrió con el propósito de dañar mi honor, de ensuciar mi nombre internamente y en el exterior.
“Es una acusación que lo que implica es una persecución política, lo que tenemos es la judicialización o criminalización de la políticas. No hay evidencias que prueben que yo cometí delito alguno, no se interrogaron a los testigos que se tenían que interrogar y se han cometido enormes faltas al debido proceso”.
Arias otra vez enfrenta, desde el lunes, una nueva audiencia preliminar en el Juzgado Penal de Hacienda y está previsto que termine este miércoles. A él se le achacan dos delitos de prevaricato (resolver contra la ley o con base en hechos falsos).
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La audiencia ocurre luego de que el Tribunal Penal de Hacienda aceptara, en mayo pasado, una apelación hecha por la Fiscalía, en la cual se pedía anular el sobreseimiento definitivo dictado a favor del exmandatario en febrero anterior.
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Al finalizar esta audiencia preliminar, el juzgador decidirá si dicta un nuevo sobreseimiento o, bien, si eleva el caso a juicio.
El fiscal José Pablo Miranda aseguró que espera que el juez acoja su solicitud de ir a juicio.
“El principal argumento es que existe prueba suficiente objetiva y que vista de manera integral permita al juzgador elevar a juicio. Así la totalidad de la prueba pueda ser evacuada en un juicio y determinar si existe responsabilidad”, apuntó Miranda.
En cambio, Rodolfo Brenes, abogado del expresidente, manifestó que defenderán el argumento de que este caso ya está prescrito.
Detalló que la declaración de Arias se extendió durante una hora y ahora solo esperan la resolución del juez Felix Castellón, quien podría pronunciarse este miércoles o entregar una resolución en los siguientes tres días.
El caso se originó en el 2008, con la firma de un decreto que declaró de interés público y de conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos, que desarrollaría la empresa Industrias Infinito, de capital canadiense.
En el 2010, la concesión fue anulada por el Tribunal Contencioso Administrativo y luego, en noviembre del año siguiente, la sentencia fue ratificada por la Sala I.
Los jueces anularon la concesión minera luego de encontrar irregularidades en el otorgamiento de permisos a la empresa, así como falta de fundamento técnico para declarar el proyecto de “interés público” y “conveniencia nacional”.