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Las críticas negativas a los jueces que no imponen prisión preventiva son un “mal mensaje” para la ciudadanía, aseguró este lunes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.
“Ese mensaje negativo lo hacen incluso personas que ni siquiera han visto una hoja del expediente y hacen la crítica negativa nada más porque les parece, no son ni abogados muchas veces, lo importante es que nuestros jueces resuelven conforme a derecho”, indicó el magistrado de Sala Segunda.
Aguirre brindó estas declaraciones en una conferencia de prensa junto al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga; el fiscal general, Carlo Díaz; y el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, quienes brindaron estadísticas y comentaron sobre las acciones del Poder Judicial frente a la inseguridad ciudadana, mientras el país acumula 532 homicidios en este 2024, 18 menos que el año anterior a la misma fecha.
El jerarca del Poder Judicial no negó que en ocasiones los jueces se equivocan, pero señaló que eso “es parte del sistema”. Enfatizó en que la inseguridad ciudadana y el crecimiento del narcotráfico no tienen su origen en los tribunales, “sino en otros factores sociales muy profundos, como la pobreza, la educación, la falta de trabajo”.
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“Los jueces son la base esencial del Estado de derecho, ellos van a resolver los casos en cada situación y lo hacen amparados únicamente en lo que dice la Constitución (...). Muchas veces uno puede no estar de acuerdo con lo que un juez resuelve, pero si creemos en el Estado de derecho, en la democracia, debemos respetar lo que ese juez ha resuelto”, señaló Aguirre.
En la parte estadística, las autoridades del Poder Judicial destacaron el aumento de un 28% en los operativos del OIJ al comparar los primeros siete meses del 2024 con el mismo periodo en el 2023. En ese mismo plazo, los allanamientos se incrementaron un 19%, y las detenciones en un 14%.
Entre enero y julio, la Policía Judicial también aumentó en un 52% los decomisos de marihuana (casi 8 toneladas), y en un 73,5% los de cocaína (14 toneladas).
De igual forma, se detalló que entre 2023 y los primeros siete meses de este año, se han resulto 532 homicidios, y además se han desarticulado 110 grupos criminales.
También se reportó un aumento del 4,5% en las acusaciones del Ministerio Público del 2022 al 2023, mientras que las sentencias condenatorias crecieron un 15% en esos mismos años, al pasar de 9.127 a 10.456.
Desde la Fiscalía y el OIJ
El fiscal general resaltó asimismo la creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) como una de las principales medidas en el combate contra la inseguridad. Díaz señaló además que se han enfocado en mejorar la coordinación del Ministerio Público con el OIJ y el Ministerio de Seguridad, y agregó que se priorizó la investigación de organizaciones de “alto impacto” y la persecución de los líderes de dichos grupos.
Entre tanto, el director del OIJ aseguró que luego del alza histórica de homicidios ocurrida el año anterior, cuando se rompió el récord histórico de Costa Rica, se tomaron medidas inéditas como enviar un grupo élite a Limón, la provincia con la peor tasa de asesinatos, para permanecer allí durante 32 días con el fin de disminuir la criminalidad.
Zúñiga destacó el arresto de Tonny Alexander Peña Russell, presunto líder de un grupo de sicarios que estaba fugitivo desde febrero, hasta que quedó detenido el 21 de junio en su casa, en barrio Atlántida de Limón.
“En una medida se ha logrado desacelerar esa curva exponencial que tenemos en homicidio, que como nunca en la vida pasamos de 582 a 654 y posteriormente a 905 homicidios, este año probablemente vamos a terminar en una cifra similar, pero importante poder lograr que esa curva no siguiera de manera exponencial y llegara este año a los 1.000 o 1.200 homicidios”, declaró el director.
Por su parte, Juan Carlos Pérez manifestó que desde la Defensa Pública se han dedicado a fortalecer el acceso a la justicia de grupos en condición de vulnerabilidad, que son los más expuestos a ser víctimas del crimen organizado.
“El abordaje de la inseguridad no puede verse de una manera aislada, sino que debe ser abordado desde una perspectiva integral, también tenemos que preocuparnos por el fortalecimiento de la defensa de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de todas las personas, de sus derechos económicos, de sus derechos sociales”, declaró Pérez.
