OIJ detiene a funcionario de Cosevi por cobrar a conductores para impugnar partes

Así lo dio a conocer este miércoles el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de dos allanamientos, uno en la oficina y otro en la casa del hombre, de apellidos Berrocal Agüero.

Michael Soto, subdirector a. i. del OIJ, manifestó que Berrocal trabajaba como coordinador de la Unidad de Impugnaciones de Multas y dijo que, hasta ahora, se desconoce la cantidad de personas a quienes les cobró por el servicio.

No obstante, se presume que quienes pagaron al funcionario eran, en su mayoría, vecinos de Heredia.

"Berrocal se encargaba de revisar y resolver impugnaciones, entonces, cuando a un ciudadano le hacían un parte oneroso, él contactaba a las personas y se ponían de acuerdo por un monto menor”, explicó Soto, quien detalló que la investigación comenzó en abril 2017, al recibir una denuncia confidencial.

Al parecer, el mismo funcionario se encargaba de redactar la impugnación con los elementos jurídicos y técnicos necesarios, para que la persona afectada la presentara y él resolviera a su favor.

El monto que cobraba Berrocal, de 40 años, no fue precisado, ya que la investigación todavía está en proceso. Sin embargo, se cree que si, por ejemplo, el parte era de ¢300.000, el hombre pedía ¢100.000.

No se descarta que existan más funcionarios involucrados con el caso, pero todavía debe determinarse su participación.

"Hay algunas personas que todavía tenemos que llamar o vincular al proceso, por lo que hay datos que no se pueden brindar”, precisó el jerarca policial.

En las dos diligencias de este miércoles, en la sede del Cosevi, en Santa Cecilia de San Francisco de Heredia, y en Bello Horizonte de Escazú, donde vivía el sospechoso, se decomisaron llaves mayas, computadoras, celulares, equipo electrónico y un expediente que podría tener relación con los hechos.

A Berrocal se le investiga por el delito de cohecho propio, el cual es castigado con una pena de entre dos y seis años de cárcel, así como con la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante un periodo de 10 a 15 años.

El Código Penal de Costa Rica establece que esta acción delictiva se da cuando el funcionario público recibe una dádiva o cualquier otra ventaja o acepte la promesa directa o indirecta de una retribución de esa naturaleza "para hacer un acto contrario a sus deberes, o para no hacer, o para retardar un acto propio de sus funciones".

Además, la Fiscalía detalló que el caso se investiga bajo el expediente 17-002437-0059-PE, donde también se mencionan los delitos de peculado, falsedad ideológica y uso de documento falso.

Información actualizada a las 3:34 p. m. con el dato de los delitos por los que se investiga a Berrocal.