Ocho acusados en el caso Coopemex aceptaron los cargos presentados por la Fiscalía y así evitaron una eventual condena por administración fraudulenta.
Estos imputados deberán cumplir medidas alternativas, como realizar trabajo comunal, hacer donaciones a diferentes instituciones y devolver dinero a la cooperativa, que fue absorbida en el 2010 por el Banco Popular.
Siete de ellos se sometieron a la suspensión del proceso a prueba, mientras que uno, de apellido Carpio, logró una conciliación, por lo que cumplirá las medidas durante un plazo menor al resto.
Las salidas alternas fueron avaladas este jueves por el Tribunal Penal de San José.
Los denunciados de apellidos Clark, Lara, Coronado, Carrillo y Carpio ya habían devuelto los montos que debían a la entidad.
Por su parte, Mata y Solano se comprometieron a retornar poco más de ¢4 millones cada uno, mientras que Espinoza adeudaba ¢2,2 millones.
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Asimismo, los acusados deberán mantener un domicilio fijo y en los próximos cinco años no podrán cometer delitos dolosos, cuya pena supere los seis meses.
Una vez transcurran estos cinco años, se dictará un sobreseimiento definitivo a favor de los imputados. Si incumplen con las medidas, volverían al proceso penal.
Los denunciantes no aceptaron que los otros seis acusados, apellidados Sandoval, García, Ramírez, Jiménez, Villalobos y Sánchez, se sometieran a medidas alternas.
Rodrigo Araya, abogado querellante, declaró que “el lunes esperamos iniciar con las seis personas que ostentaban los cargos de más alto rango, los que nosotros consideramos los más grandes responsables de lo que sucedió”.
Los seis denunciados restantes manifestaron este miércoles su interés de ingresar a un procedimiento especial abreviado, en el cual admitirían las acusaciones para recibir una condena menor sin necesidad de juicio, con la aprobación del Ministerio Público.
“De manera extraoficial se ha conversado sobre la posibilidad de un abreviado, pero esto tendrían que proponerlo el lunes. Nosotros vamos a esperar si existe o no la propuesta, y si la proponen se valorará”, afirmó Araya.
Estos sujetos integraron la Junta Directiva de Coopemex entre el 2005 y 2009, y son procesados por la presunta adjudicación de dineros de la cooperativa, en su momento la tercera más grande de Costa Rica.
Supuestamente, idearon un plan para suponer operaciones, exagerar gastos y alterar las cuentas de la cooperativa, la cual presentaba problemas de morosidad en su cartera de créditos.
Los denunciados se exponen a penas de dos meses a tres años de prisión si el monto de lo defraudado no excediere de diez veces el salario base, y de seis meses a diez años cuando lo supere.
El Código Penal dicta que “las penas precedentes se elevarán en un tercio cuando los hechos señalados los realice quien sea apoderado o administrador de una empresa que obtenga, total o parcialmente, sus recursos del ahorro del público, o por quien, personalmente o por medio de una entidad inscrita o no inscrita, de cualquier naturaleza, haya obtenido sus recursos, total o parcialmente del ahorro del público”.