La estadounidense Ann Maxine Patton, buscada por la Policía para que enfrente un cuarto juicio como sospechosa de matar a su esposo en Pérez Zeledón, pagó $1,3 millones (¢870 millones) en impuestos para recuperar un lote de joyas decomisadas en enero del 2010.
El desembolso lo hizo luego de que el Tribunal Aduanero Nacional del Ministerio de Hacienda emitiera una sentencia en la cual confirmó que Patton, de 48 años, era la legítima dueña de cerca de 3.000 alhajas, cargamento que pesaban más de 100 kilos y que, por seguridad, estuvo guardado en bóvedas del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Fabio Oconitrillo Tenorio, abogado de Patton, quien confirmó el pago, manifestó: “el Tribunal Aduanero nos da la razón. No solo a mí, sino a los otros abogados (que se apersonaron al proceso administrativo). Se pagaron los impuestos, se le devolvieron las joyas y no se encontró ninguna irregularidad administrativa”.
La existencia de dichas joyas la conoció el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 8 de enero del 2010, cuando inspeccionaron la vivienda habitada por Patton y su esposo John Felix Bender, en La Florida de Barú de Pérez Zeledón.
El ingreso de los oficiales a la residencia se hizo para levantar el cuerpo de Bender, que según una llamada telefónica se habría suicidado.
Sin embargo, luego de las primeras investigaciones del Ministerio Público, se estimó que se trataba de un homicidio y por eso se abrió el proceso contra Patton. Ese 8 de enero, en un mueble de la cocina, los policías encontraron las gemas en tres cajas construidas especialmente para guardar las piedras preciosas.
El valor del cargamento es incierto pues en algunos documentos judiciales se afirmó que superaba los $20 millones (¢11,600 millones), pero finalmente un peritaje privado estableció que el lote devuelto a Ann Patton tiene un valor de $7 millones (¢4.060 millones). Por ese monto fue que pagaron los impuestos.
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Historia del tesoro
Las joyas halladas en la casa de Florida de Barú, en Pérez Zeledón, fueron adquiridas por John Bender. Este hombre, que falleció a la edad de 44 años, era un inversionista estadounidense que tenía una gran fortuna.
El diario The Wall Street Journal, en su edición en Internet del 10 de abril del 2003, reveló algunos detalles sobre Bender, pues para ese tiempo mantenía una disputa judicial con John Koonmen y otros socios, por la propiedad de cerca de $500 millones, suma que habían reunido para invertir en Japón, pero ese negocio al final no se realizó.
Este ciudadano estadounidense y su esposa Ann Maxine Patton llegaron a Costa Rica en 1998 y ya en marzo del 2000 decidieron radicar en suelo tico. El 12 de mayo del 2001 les concedieron la residencia como rentistas y el 27 de abril del 2009, la de residencia permanente.
La pareja se estableció en Barú, en una propiedad que reunió 14 fincas que mide 306 hectáreas. El 4 de noviembre del 2002, ese terreno fue declarado por el Minae como el refugio silvestre privado Boracayán del Sur.
El nombre de John Bender trascendió públicamente por vez primera en el país el 30 de abril del 2001, cuando dos policías del desaparecido Centro de Información de la Fuerza Pública (CIFP) lo detuvieron en Quebradas de Pérez Zeledón.
Luego lo llevaron a la delegación de San Isidro del General, donde permaneció cinco horas preso. La captura la hicieron para que un notario costarricense le notificara a Bender sobre un proceso judicial en Estados Unidos, en cual disputaban los $500 millones. Los policías fueron condenados posteriormente por abuso de autoridad.
Debido a que las autoridades desconocían la procedencia de las joyas, el Ministerio Público abrió un proceso judicial por contrabando contra Ann Patton y un fideicomiso que habían creado Bender y Patton para administrar los bienes que tenían en el país.
Incluso, en aquella ocasión la Fiscalía, valoró la posibilidad de atribuirles el delito de legitimación de capitales.
Sin embargo, a favor de Patton y el fideicomiso se dictó un sobreseimiento definitivo por contrabando, al tiempo que se desestimó el de legitimación de capitales, pues se aportaron documentos judiciales de Estados Unidos, en los cuales confirmaban que el dinero de Bender era “limpio” y había ingresado a dos bancos privados costarricenses.
Empero, la Dirección General de Aduanas siguió el proceso de cobro de los impuestos por las joyas, que concluyó a finales del 2017.
Sobre ese caso el abogado Fabio Oconitrillo agregó: “El procedimiento no fue sencillo pero finalmente le dan la razón a ella. Se pagaron aproximadamente $1,3 millones al Gobierno de Costa Rica, a la Dirección General de Aduanas, depositados legítimamente y le devolvieron las joyas”.
Patton resultó exonerada en un tercer debate por el homicidio de su esposo en setiembre del 2015 y en ese mismo mes salió del país. Dos años después recuperó sus joyas, que también salieron de Costa Rica.
Sin embargo, la Fiscalía solicitó elevar el caso de por cuarta vez a juicio y ahora las autoridades intentan localizarla para que regrese a territorio tico y se someta al proceso.
Cuarto juicio a Ann Patton
Desde agosto del año anterior se emitió una orden de captura contra Ann Maxine Patton para que enfrente un cuarto juicio como sospechosa de la muerte de su esposo John Bender.
En dos ocasiones ha sido absuelta y en otra condenada. En la actualidad radica en Estados Unidos. Salió del país en setiembre del 2015, luego del tercer debate en el cual la exoneraron de cargos y no tenía ningún tipo de impedimento.
El crimen de Bender ocurrió cuando en la casa solo estaba la pareja. El cuerpo apareció en la cama del dormitorio. Bender recibió un balazo en la cabeza.
Patton siempre ha alegado que ella estaba dormida y cuando se despertó observó a su esposo con una arma de fuego en la cabeza y que cuando intentó quitársela, en el forcejeo, la pistola se disparó.
Sin embargo, para la Fiscalía, la mujer aprovechó que el hombre estaba dormido para dispararle.
Querella contra abogado por fraude
El caso de Ann Maxine Patton no solo se circunscribe a su búsqueda por el homicidio de su esposo y a la devolución de las joyas, sino que tiene otra fase que se ha desarrollado de manera paralela desde la muerte de John Bender y es la disputa por propiedades y otros bienes, que se estiman en $39 millones (¢22.620 millones).
En este asunto Patton tiene querellado a un abogado de apellidos Álvarez Aguilar por el supuesto delito de administración fraudulenta, que castiga con pena de seis meses a 10 años, al que teniendo a cargo la administración de bienes, alterare las cuentas u operaciones.
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La denuncia la presentó la mujer el 3 de mayo del 2012 en la Fiscalía de Pavas, pero luego de cuatro años sin que la investigación avanzara, el abogado Fabio Oconitrillo en representación de Ann Patton solicitó, el 15 de diciembre del 2016 convertir el proceso de acción pública a acción privada (no participa la Fiscalía) y querelló directamente a Álvarez ante el Tribunal Penal de Pavas.
El caso se tramita en el expediente 16-00044-0523-PE. Aunque a finales del año anterior el juicio se inició, el debate fue anulado por el tribunal en espera de que ingrese una prueba bancaria proveniente de Estados Unidos. Una vez que la documentación esté aquí, se deberá señalar la fecha para el nuevo juicio.
¿En qué consistió el hecho?
Luego de su llegada al país, Bender y Patton contrataron al abogado Álvarez Aguilar como asesor legal y financiero, para trasladar los ahorros que tenían en Estados Unidos e Inglaterra al sistema bancario nacional.
Según consta en el expediente de este caso, en setiembre del 2005 se creó un fideicomiso llamado Vida Ecológica, cuyos beneficiarios son la sociedad Bocarayán del Sur y la señora Patton. En este convenio, Álvarez sería el administrador.
El fideicomiso recibió los fondos del exterior que fueron ingresados a cuentas en dos bancos privados. Con los dineros se hicieron diversas inversiones como la construcción de condominios en Tamarindo (Guanacaste), compras de otros terrenos en Quepos y Pérez Zeledón, así como inversiones en Nicaragua.
De acuerdo con la querella, Álvarez, supuestamente, se aprovechó de la confianza depositada como administrador del fideicomiso para mediante la creación de diversas sociedades nacionales y extranjeras perjudicar al fideicomiso en la suma de $39,8 millones.
Fabio Oconitrillo, abogado de Patton dijo: “Ella es víctima de este señor. Toda la fortuna la tenían en el fideicomiso, donde este abogado era el administrador. Cuando Bender muere empiezan los problemas de ella con él, que se fueron agravando paulatinamente hasta descubrir que no hay recursos en ese fideicomiso”.
Sin embargo, Francisco Campos Aguilar, defensor de Álvarez, manifestó que el proceso fue presentado para tener un argumento adicional en la causa que se sigue a Patton por el delito de homicidio.
"Hemos aclarado desde el principio cuales eran los activos del fideicomiso y donde se encuentran. Así se lo hicimos ver a los administradores sustitutos del fideicomiso mientras se resuelve la situación jurídica de Álvarez.
"En este momento no se qué pasó con los bienes. Hubo una parte muy importante que fueron varios millones de dólares en gemas. Se pagaron impuestos, se las devolvieron y el paradero de esas gemas que pertenecieron al fideicomiso hoy es desconocido.
“Yo puedo asegurar que Álvarez actuó correctamente en la administración del fideicomiso y no se dejó ningún bien”, afirmó Campos.
Negocio con diamante
En la documentación judicial relacionada al caso Bender-Patton también se devela la compra y venta de un diamante de 30 quilates.
El quilate designa la pureza del oro en la joya y es la unidad que se utiliza para pesarla. Cinco quilates equivalen a un gramo.
La compra la hizo Ann Maxine Patton el 22 de abril del 2009 a la firma Robert Bogel Inc. de Nueva York, Estados Unidos, una de las mas famosas joyerías. La gema la adquirió en $3 millones.
El pago de la joya se hizo por medio de una transferencia internacional girada desde un banco privado en Costa Rica.
Dos años y nueve meses después de haberse adquirido, el diamante fue vendió (el 13 de enero del 2012) por medio de una persona de nombre Charlie Richmond, en $5 millones. Por concepto de comisión se pagaron $50.000 y los restantes $4,9 millones, volvieron a ser depositados en la cuenta del banco privado en Costa Rica.