Una mona conga, a la que le amarraron una cuerda alrededor del tórax para mantenerla en cautiverio, falleció este domingo.
El animal fue ubicado en una vivienda de barrio Limoncito, en Limón, donde la Fiscalía dirigió el viernes anterior un allanamiento en busca de una carga de droga.
De acuerdo con las autoridades, dentro del inmueble no se encontraron estupefacientes, pero sí tres armas de fuego calibre nueve milímetros, que fueron decomisadas, y la mona, la cual fue remitida al Jaguar Rescue Center, en Cocles de Cahuita, donde murió dos días después.
“La mona presentaba severas lesiones provocadas por una cuerda con la que fue amarrada alrededor del tórax, la cual penetró la piel.
“En el centro de rescate procedieron a curar sus heridas y señalaron que la recibieron débil y con mucho dolor. Ayer reportaron su muerte”, detalló el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
El animal también presentaba un dedo de la mano izquierda roto; sin embargo, hasta ahora no se ha establecido cuánto tiempo estuvo en cautiverio.
La mona aulladora es una especie en peligro de extinción en Costa Rica, por lo que la Fiscalía Adjunta de Limón abrió una investigación contra los cuatro ocupantes de la casa por infracción a la ley de vida silvestre.
Se trata de cuatro hombres apellidados Dwayne Samuels, Esquivel Brenes, Nicolas Davis y Kadaine Samuels, a quienes también se les atribuye el presunto delito de posesión ilegal de armas permitidas.
El artículo 110 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre estipula multas de dos a cuatro salarios base a “quien tenga en cautiverio o en condiciones de mascota, sin autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), animales silvestres en peligro de extinción o con poblaciones reducidas”.
En tanto, el apartado 88 de la Ley de Armas y Explosivos establece penas de “uno a tres meses de prestación de trabajo de utilidad pública, en favor de establecimientos de bien público o utilidad comunitaria, bajo control de sus autoridades, a quien tenga en su poder armas permitidas por la presente ley que no se encuentren inscritas”.
Mismo castigo se impone a quien “habiendo contado con el respectivo permiso en el periodo anterior, no lo haya renovado dentro de los nueve meses posteriores al vencimiento”.
Asimismo, en caso de una persona que porte armas permitidas por la ley sin el respectivo permiso, el castigo estipulado es de entre seis meses y tres años de prisión.
La investigación de este caso se siguen dentro del expediente 20-001004-063-PE.