Ministerio Público decomisa celular a pareja sentimental de exfiscala general Emilia Navas

La medida fue confirmada este viernes por el Ministerio Público, al tiempo que detalló a La Nación que la acción se ejecutó como parte de una investigación por el presunto delito de violación de datos personales, el cual se encuentra tipificado en el artículo 24 de la Ley de Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones.

Dicha oficina indicó que no podrá dar mayores detalles sobre la diligencia ya que, de lo contrario, se podría constituir una violación a lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal.

El objetivo de revisar el celular del litigante es determinar si hubo alguna situación irregular que le permitiera a él llegar con rapidez a un allanamiento realizado en la sede de la constructura MECO, en La Uruca.

Los hechos generaron cuestionamientos debido a la relación del abogado con la entonces fiscala general; sin embargo, Campos manifestó a Diario Extra a finales de junio que él transitaba por el puente Alfredo González Flores cuando fue notificado del allanamiento, por lo que tardó muy poco en desplazarse desde ese punto a las instalaciones de la empresa.

En declaraciones brindadas este viernes a CRHoy, el abogado dijo haber autorizado de manera voluntaria la apertura de su móvil porque no tenía nada que esconder y enfatizó que él llegó 15 minutos después que las autoridades judiciales.

“Luego de una investigación de varios meses, a través de un informe del Organismo de Investigación Judicial, queda clarísimo que no se pudo determinar de que yo estuviera ahí antes. Se entrevistó a fiscales, jueces, a todas las personas que estuvieron presentes (...). El informe es contundente en señalar que es falso que yo estuviera dentro de las instalaciones de la constructora MECO”, explicó a ese diario.

Sostuvo, además, que está más que claro que entre Emilia Navas y él en ningún momento hubo una llamada ni tampoco comunicación con algún otro funcionario judicial.

La ahora exfiscala Navas se inhibió de conocer el caso Cochinilla porque Campos es representante legal de MECO y H Solís, constructoras señalas por la presunta optención de beneficios indebidos.

El Caso Cochinilla trascendió el lunes 14 de junio de este 2021, cuando se realizaron 57 allanamientos que permitieron la aprehensión de 30 personas, mientras que otras 45 fueron indagadas posteriormente. En total, por este caso hay 75 personas físicas y 12 personerías jurídicas implicadas. Se trata de empresarios de constructoras, así como empleados y exempleados del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y de otras dependencias del Estado.

A los implicados se les atribuye la presunta malversación de fondos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que generó un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y el 2020 en contratos de obra pública y se tramita en la causa 19–000025–1218–PE. En la documentación judicial se detallan supuestos sobornos con licor, dinero en efectivo, vehículos y “favores sexuales” que habrían recibido funcionarios a cambio de favorecer a ciertas constructoras que competían por proyectos financiados con fondos públicos.