Uno de los hombres más buscados en Panamá, quien estuvo preso por dos homicidios y se fugó de la cárcel La Joya en ese país, fue sentenciado en los Tribunales de Alajuela a seis años y ocho meses de prisión por lavado de dólares.

Sus millonarios bienes, en cuenta una mansión valorada en aproximadamente $2 millones (unos ¢1.200 millones) que se construía en La Guácima, pasaron a manos del Instituto Costarricense de Drogas (ICD).

El encartado es Roberto Humberto Welch Sevillano, quien se acogió a un proceso abreviado y fue condenado en el Tribunal de Juicio de Alajuela. La sentencia quedó en firme a mediados del año pasado.

El panameño, detenido en nuestro territorio en diciembre del 2015, era uno de los 10 prófugos más buscados por Panamá, país que gestionó la extradición, pero el proceso no fructificó.

Según lo investigado por la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, el foráneo consolidó una red de lavado de dólares en la que su mano derecha fue Miguel Antonio Torres Olivas, de 61 años.

Además, en la estructura también participaba Marco Antonio Sánchez Pereira, un abogado de 46 años, quien ayudaba en todas las operaciones ilegales. Ambos cómplices son costarricenses.

Los dos ticos también se acogieron al proceso abreviado y quedaron condenados a igual pena que el extranjero, por legitimación de capitales.

En el fallo se ordenó el traslado a manos del Estado de varios vehículos, uno de ellos blindado, así como de dinero y tres fincas ubicadas en la Guácima de Alajuela, y otras en Buenos Aires y en Corredores, Puntarenas.

La sentencia condenatoria número 481-2018, confirma que los tres imputados aceptaron los hechos acusados por la Fiscalía y optaron por un procedimiento abreviado, en el que se elimina la etapa de juicio y se les dicta sentencia de forma inmediata.

Al acogerse a ese procedimiento, que aligera los procesos judiciales, los imputados reciben generalmente una pena menor que la que podrían tener en un juicio ordinario.

Con base en la pena dictada, el panameño pasó al Centro de Atención Institucional Luis Paulino Mora, en La Reforma, Alajuela.

Welch y sus cómplices podrían solicitar revisión de su caso para optar por beneficios como el traslado a un centro semiinstitucional al cumplir la media pena, en el 2021.

En ese momento, si tienen buen comportamiento y si trabajan o estudian, podrían solicitar un porcentaje de descuento de la pena, que también se rebaja al considerar el tiempo que estuvieron en prisión preventiva.

Así las cosas, los sentenciados cumplirían su sentencia en enero del 2025, pero si califican para descuentos podrían salir en el 2023.

Salto en estilos de vida

La investigación determinó que el panameño se encargaba de obtener y suministrar al grupo criminal el dinero producto del narcotráfico.

Por su parte, Miguel Torres Olivas era el encargado de comprar, pagando casi siempre en efectivo y con dólares, los bienes muebles e inmuebles a través de al menos seis sociedades en las que ostentaba el cargo de administrador y apoderado.

Marco Antonio Sánchez Pereira, en su calidad de notario público, se encargaba de los trámites notariales y administrativos para la constitución o adquisición de las sociedades anónimas representadas por Torres. También se encargaba de la inscripción de los bienes a nombre de esas sociedades.

La organización constituyó esas personerías jurídicas desde el 2014 y comenzó a comprar carros y propiedades con las que Welch Sevillano encubría el origen del dinero.

La Policía Judicial y la Fiscalía determinaron que ninguno de los implicados tenía el perfil socioeconómico para el patrimonio que habían adquirido y que las empresa constituidas no tenían actividad comercial y eran solo para justificar sus ingresos.

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Se notó un crecimiento patrimonial importante en solo 29 meses y gastos por construcciones que no se reflejaban en sus cuentas, desconociéndose de dónde se sacaba el dinero para ese financiamiento.

Un criminal al frente

Sobre el líder del grupo, los diarios panameños indican que fue parte de una banda llamada Los Perros de San Joaquín, que escaparon de La Joya ayudados por un agente policial, ya que los barrotes fueron cortados.

Se les relaciona con homicidios violentos con armas de fuego, así como con tráfico de drogas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también evidenció el fuerte vínculo de negocios que mantuvo Welch con personas que han sido investigadas y condenadas en nuestro país y Panamá por tráfico de drogas, entre ellos uno de apellido Seas, que a escaso un mes de salir de prisión se comunicó con el grupo criminal.

Asimismo, un informe de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ deja ver que existe un vínculo directo de Welch con la banda de un hombre de apellido Estribí, detenido en Costa Rica el 8 de abril de 2013 por el delito de tráfico internacional de drogas, dice la sentencia judicial.

Golpes son ínfimos y aislados

Según el último informe del ICD sobre drogas y actividades conexas, pese a los esfuerzos realizados, nuestro país aún está lejos de golpear con contundencia los intereses económicos de quienes mueven los grandes flujos de capitales ilícitos en nuestro país.

Durante los últimos años esa entidad, que administra los comisos de bienes quitados al narco y al lavado de dólares, apunta a bienes que tengan un interés económico para ellos.

Muchos de esos bienes se donan a entidades de interés público, prioritariamente a organismos cuyo fin sea la prevención o represión de las drogas.

Actualmente se está por definir el método de subasta y la fecha de remate de un lote de 5.190 joyas, así como de al menos cinco aeronaves y varios carros.

Guillermo Araya, director del ICD, dice que esas acciones emparejan un poco el desigual enfrentamiento contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Insistió en la urgencia de aprobar la Ley de Extinción de dominio para golpear estructuras delictivas que históricamente han llevado ventaja.

“Para que pueda hablarse de desarticulación de redes o grupos organizados en el plano real, debe llegarse a los bienes, activos y patrimonios resultantes de sus actividades delictivas”, afirmó.

Dijo que esas redes han dejado la modalidad de ser carteles y de ostentar poder porque saben que las autoridades persiguen sus patrimonios.

Como una medida adicional de control, en el 2017 se reformó la ley vigente para incluir nuevos entes que deben alertar sobre operaciones financieras sospechosas, por lo que esos reportes aumentaron.

Además del sistema financiero nacional, ahora deben generar alertas quienes vendan metales y piedras preciosas, administradores de fondos de terceros, contadores, abogados, y dueños de casinos y compraventas, entre otros.

Muchos de esos reportes dejan de ser sospechosos y pasan a ser ordinarios cuando se interactúa con las personas que generan el movimiento, sin embargo eso fortalece el sistema contra la legitimación de capitales, dijo Araya.

Bienes cambian de bando

El Ministerio de Seguridad Pública sacó de operación cuatro Cessnas Centurión que eran del narco y las devolverá al ICD para que sean vendidas.

De igual manera, un avión Piper Azteca, decomisado en el año 2011 y que operó para el Servicio de Vigilancia Aérea hasta el año 2017.

Otras dos Cessnas y el avión Beechcraft King Air F90, decomisado en diciembre de 2014, siguen siendo parte activa de la flota del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio.

En cuanto a la casa y tres fincas del panameño Welch que están en la Guácima, se está tramitando la donación a un cuerpo policial, ya que el estigma de esos bienes hace muy difícil su venta.

A diferencia de los comisos, que son bienes de los que el ICD puede disponer por dictado de una sentencia judicial, los decomisos son bienes que solo están en depósito judicial y de los que no se permite disponer expeditamente.

Sin embargo, algunos decomisos también se destinan en préstamo a organismos nacionales represivos, como el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Policía de Control de Drogas.