Por: Carlos Arguedas C..   6 septiembre
Los magistrados Paul Rueda, Fernando Castillo y Fernando Cruz, son tres integrantes de la Sala Constitucional que deben conocer el tema de las pensiones judiciales. Foto de Alejandro Gamboa Madrigal

A los magistrados propietarios de la Sala IV no les quedará más remedio que sentarse a resolver un asunto que afectará sus futuras pensiones.

Ellos tendrán que pronunciarse sobre al menos nueve acciones de inconstitucionalidad contra la reforma que impuso rebajas y topes en las jubilaciones que paga el Poder Judicial, luego de que los 12 magistrados suplentes se inhibieran de conocer esa materia.

En una primera instancia, los jueces titulares se inhibieron de analizar las acciones por cuanto el fondo del asunto los alude directamente y a este mismo alegato recurrieron los suplentes para abstenerse de resolver.

Ante esta situación, el artículo 29, inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que cuando los jueces titulares no pueden conocer un asunto serán relevados por los suplentes, pero “si estos, a su vez, tampoco pudieren conocer el tema (...) deberá conocer el asunto el titular del despacho en que radica la causa, a pesar de la casual que le inhibe y sin responsabilidad disciplinaria por ese motivo”.

Así lo confirmaron varias organizaciones judiciales, la oficina de prensa de la Sala IV y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, en una entrevista que concedió a periodistas de La Nación.

“Por mandato legal es que nos volvió el tema de las pensiones judiciales a nosotros, porque los magistrados suplentes se inhibieron, entonces se está ahí pendiente, pero no tengo ninguna idea todavía cómo se va a resolver”, manifestó Cruz.

Los magistrados también deberán conocer 13 recursos de amparo, uno interpuesto por 19 altos exjerarcas judiciales y 12 planteados por organizaciones gremiales, contra el Consejo Superior por poner en ejecución la mencionada legislación.

En criterio de Fernando Cruz: “Eso es un problema que habría que resolver en un futuro, pero a mí me parece que debiera de tenerse un grupo de magistrados que no sean funcionarios judiciales y que en asuntos de ese tipo puedan intervenir”.

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El Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial generó en los últimos años gran polémica porque carecía de solvencia económica para pagarle a sus jubilados, tal como lo determinaron varios estudios actuariales, incluyendo uno realizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Ahí se determinó que tenía un déficit actuarial de ¢5,3 billones.

Para solventar el problema, la Asamblea Legislativa aprobó en abril pasado una reforma, que entró a regir en mayo, en la cual se dispuso, entre otras cosas, aumentar de 60 a 65 años la edad de jubilación y de 30 a 35 los años de servicio necesarios para acogerse al retiro.

Además, en lugar de pensionarse con 30 años de servicio, podrán hacerlo hasta que cumplan los 35 años laborados. Los cambios también tocaron los montos máximos con los cuales pueden retirarse las personas para evitar que haya pensiones de hasta ¢10 millones. Ahora, el techo será de ¢4 millones, es decir, diez veces el salario base más bajo de la Corte.

En cuanto a las acciones de inconstitucionalidad, los cuestionamientos se dirigen a los artículos 224, 224 bis, 227, 236, 236 bis y el transitorio VI de la Ley 9544.

Se trata de asuntos que tienen que ver con la variación en los años de servicio, en la forma en que se calcula la pensión por invalidez y la nueva forma en que quedó la contribución solidaria, entre otros temas.

Sobre los recursos de amparo, estos van dirigidos contra el Consejo Superior del Poder Judicial, principalmente, por la forma en que se aplicaron los rebajos en las pensiones.

Uno de ellos fue presentado por 19 exjerarcas judiciales. Se trata de los exmagistrados Eduardo Sancho González, Magda Lorena Pereira Villalobos, Álvaro Fernández Silva, Luis Fernando Solano Carrera, Rodrigo Montenegro Trejos, Alfonso Chaves Ramírez, Anabelle León Feoli, Ana Virginia Calzada Miranda, Eva Camacho Vargas, Mario Alberto Houed Vega, Rolando Vega Robert y Adrián Vargas Benavides.

También lo hicieron los exdirectores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Francisco Segura Montero y Jorge Rojas Vargas, así como el exdirector ejecutivo del Poder Judicial: Alfredo Jones León.

La lista la completan Alejandro López McAdam, exjuez y exmiembro del Consejo Superior de la Corte; Milena Conejo Aguilar, también exintegrante del Consejo Superior; Lupita Chaves Cervantes, exmagistrada suplente; Rafael Sanabria Rojas, exjuez, y Rosa Iris Gamboa Monge, viuda del exmagistrado Édgar Cervantes Villalta.