La presidenta de la Sala Tercera, Doris Arias Madrigal, anunció este lunes que se acoge a su jubilación con lo cual adelanta varios meses su salida, anunciada inicialmente para noviembre.

“Después de servirle con absoluta dignidad, honestidad y profesionalismo durante 33 años al Poder Judicial, hoy tomo la decisión de acogerme a mi derecho de jubilarme. Me honra haber sido magistrada penal y constitucional, jueza y fiscal del Ministerio Público y haber servido en estos cargos con profunda lealtad y dando mi mayor esfuerzo por hacerlo bajo los mejores estándares de profesionalismo, calidad y transparencia”, indicó Aras en un comunicado remitido esta mañana.

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Arias agregó en su anuncio “no voy a aceptarle a nadie, jamás, bajo ninguna circunstancia que se diga que haya cometido alguna falta que lesione mi honor o la intachable reputación que he construido”.

La magistrada fue una de cuatro suspendidos como responsables de una falta grave por desestimar una causa contra dos diputados en el 2017. Luego de la sanción, Arias acudió a solicitar una medida provisionalísima ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

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Su petición se acogió en un lapso de tres horas; situación que hoy investiga la Fiscalía General. A Arias se le sigue causa por posible tráfico de influencias y al juez que resolvió por un eventual prevaricato.

Con el anuncio de la jubilación, Arias toma el camino de Carlos Chinchilla, expresidente de la Corte Suprema y otro de los que resultó sancionado, razón por la cual optó este mismo mes por el retiro, a los 55 años y con poco más de un año en al alto cargo del Poder Judicial.

Como en su caso, la gestión de Arias para pensionarse se trasladará al Consejo Superior donde se harán los cálculos de los montos que le corresponden que le corresponden, conforme los requisitos de ley; explicó el área de prensa del Poder Judicial.

El caso

A la magistrada se le suspendió por dos meses junto a María Elena Gómez Cortés, Carlos Chinchilla Sandí y Jesús Ramírez Quirós, todos miembros de la Sala III, por desestimar en febrero del 2017 una causa contra los entonces diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata por supuesto tráfico de influencias, en relación con el caso del empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

En esa época, los integrantes de la Sala Tercera acogieron la recomendación de desestimación que envió la entonces fiscala subrogante Berenice Smith. Esta última también fue sancionada en un proceso que se le siguió por aparte. En la desestimación participó el entonces magistrado Celso Gamboa, quien fue destituido hace unos meses.

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Reclamo

“Mis detractores no merecen el beneficio de seguir amenazando mi vida, persiguiéndome y señalándome, de seguir humillando a mi familia y de ponerme ante la opinión pública como alguien que no soy”, añade Arias en su mensaje, difundido por correo esta mañana.

En otro punto, Arias añade “A todos aquellos que hoy me señalan y bajan su cabeza al pasar junto a mí, les digo yo levanto la mía, con hidalguía, porque me sobra dignidad para decirle al pueblo de Costa rica, mirándole a los ojos, que jamás he cometido falta alguna en el ejercicio de mi cargo, como magistrada; ni en ninguna otra posición desde la que he servido durante estos 33 años”.

“He sufrido daños irreparables, personales con afectación a la imagen, a la privacidad, al buen nombre, a la seguridad e integridad física, les he llevado y sufrido en los personal y con mi familia. No puedo tolerar estos abusos e intromisiones. Me resulta imposible esperar hasta noviembre en que vence mi período constitucional, por lo que me acojo a mi derecho jubilatorio”, indica Arias.

Los cuestionamientos por la decisión de los magistrados surgieron luego de que el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, revelara que esa entidad había presentado un informe donde se registraban centenares de comunicaciones telefónicas entre los legisladores y Juan Carlos Bolaños. Por lo tanto, dijo, sí había elementos para continuar la causa judicial y no desestimarla.

Por esa razón, se abrieron procedimientos disciplinarios, cuya conclusión fue que hubo falta grave.

Con la salida de Arias, son ocho las sillas vacantes en la Corte Plena, compuesta por 22 magistrados. Los nombramientos de los miembros del máximo órgano del Poder Judicial están a cargo de la Asamblea Legislativa que tienen pendientes elegir a nuevos altos jueces desde octubre de 2015.

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