EscucharUna madre y su hija fueron condenadas a 24 años de prisión la tarde de este jueves, luego de que fueron halladas culpables de tres delitos de trata de personas para la explotación sexual y favorecimiento personal.
Las sentenciadas fueron Delia María Martínez Laínez (madre) y Francisca Graciela Murillo Martínez (hija), indicó el Tribunal de Juicio integrado por Rodrigo Monge, Karina Rodríguez y Laura Morera.
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Las dos familiares (sentadas en la banca) fueron celosamente vigiladas por dos custodias dentro de la sala uno de los Tribunales de Justicia de San Carlos. Foto: Édgar Chinchilla
La misma pena también se le impuso a un hombre identificado como Eliécer Pérez Noguera; mientras que a un oficial de la Fuerza Pública se le impuso una condena de tres años por el delito de favorecimiento personal.
La función del policía Heiner Montoya Campos era avisarles a las mujeres cuando estaba previsto algún operativo.
Otro individuo apellidado Barrios Álvarez fue absuelto por los jueces, al considerar que no tuvo participación en los hechos acusados.
Los jueces indicaron que las pruebas recabadas, así como el relato de las víctimas fueron muy contundentes.
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El operativo en el que fueron arrestados se efectuó el 15 de setiembre del 2017 dentro del bar El Pino en Santa Clara de Upala. El allanamiento y posterior detención de los sospechosos estuvo a cargo de oficiales de la Policía Profesional de Migración y la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
Durante la acusación, planteada por la fiscal Flor Sambrano, se detalló que el grupo explotaba sexualmente a seis mujeres nicaragüenses, una de ellas menor.
Las sentenciadas tienen la condición de residentes en Costa Rica, administraban el bar y eran las encargadas de ir a Managua y a San Carlos de Nicaragua a reclutar mujeres jóvenes. A ellas les ofrecían laborar como saloneras en un bar, pero luego las obligaban a prostituirse. Eran ofrecidas a los clientes por montos entre los ¢13.000 hasta los ¢20.000.
Mientras el fallo queda en firme, las familiares descontarán seis meses de prisión preventiva.
