La lentitud judicial para dictar una orden de pago retrasa el desembolso de un reconocimiento salarial, que por concepto de riesgo policial se adeuda desde el 2001 a 28 guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Los funcionarios habían ganado desde el 26 de febrero del 2018 un juicio laboral para ser acreedores de dicho incentivo, que está contemplado en la Ley General de Policía y es un plus salarial equivalente a un 18% del salario base, para los servidores que desarrollen funciones policiales que impliquen riesgo a su integridad física.
Debido a ese fallo el Minae, el 7 de enero del 2020, depositó en cuentas del Poder Judicial la suma ¢377 millones para cumplir con el pago y que el dinero fuera distribuido entre los beneficiados, según el tiempo de laborar para la entidad y el cargo que desempeñan.
Sin embargo, año y medio después de que el dinero está disponible, los jueces todavía no dictan la resolución final para distribuir los recursos, pese a que la representación legal de los 28 funcionarios presentó las respectivas liquidaciones.
El pasado 28 de junio, la abogada Tatiana Rodríguez Arroyo, representante de los actores, en una solicitud de ejecución de sentencia presentada ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, advirtió: “Se estima que cada mes que este proceso transcurre sin una resolución que permita verificar e imputar pagos genera para el Estado intereses adicionales por más de ¢700.000 cada mes .
“Al día de hoy (28 de junio del 2021) en comparación a la fecha de presentación original de la demanda de ejecución (hace más de 2 años y medio), se han generado aproximadamente ¢35 millones adicionales en intereses, y aproximadamente una diferencia de ¢15 millones de colones en indexación (adecuar el pago a la inflación)”.
Seis años en despachos judiciales
Este proceso judicial inició en el 2015, cuando los 28 guardaparques acudieron al Juzgado de Trabajo de San José para reclamar que se les hiciera el pago retroactivo del llamado rubro de riesgo policial, que recibían los miembros de otros cuerpos policiales y que está vigente desde la creación de la Ley de Policía, el 15 de marzo de 2001.
Inicialmente, el juzgado rechazó el reclamo. pero el 26 de febrero del 2018 el Tribunal de Apelación de Trabajo de Goicoechea revocó el fallo de primera instancia.
Para tomar esa determinación tuvo por demostrado que los 28 guardaparques que reclamaron cumplen labores policiales, similares a las que realizan los oficiales de la Fuerza Pública o policías municipales.
Entre esas similitudes, los jueces señalaron que ellos deben vestir uniforme policial, tener permiso y portar armas de fuego, realizar detenciones, decomisos, emplear la fuerza cuando sea estrictamente necesaria y presentar los respectivos informes sobre detenidos y decomisos a las autoridades judiciales.
“Se constata que las personas a las que enfrentan los guardaparques llevan consigo armas blancas y de fuego, y siendo que tienen funciones de decomiso y represión del delito, se encuentran expuestos a las reacciones de estas personas y de todas las que infrinjan las leyes que protegen el ambiente. Por lo que se dan los supuestos para el pago del riesgo policial contemplado en el artículo 91 de la Ley General de Policía (...)”
“Por tanto, se condena al demandado (Minae) a pagar en forma retroactiva a los actores el sobresueldo de riesgo policial, desde la entrada en vigencia de la Ley que lo crea el 15 de marzo de 2001, o acorde con la fecha de ingreso de cada uno de los guardaparques. Se condena a pagar intereses sobre los montos resultantes desde que debieron cancelarse hasta su efectivo pago”, precisa la sentencia de segunda instancia 81-2018-07.
En el fallo firmado por los jueces de trabajo, Armando Elizondo Almeida, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y Susana Campos Cabezas, también se ordena al Minae a seguir pagando el rubro de riesgo policial a los demandantes como un sobresueldo a partir de la firmeza de la sentencia. Los 28 guardaparques reciben este incentivo desde el 1.° de enero del 2019.
Esta resolución solamente beneficia a los 28 funcionarios que acudieron a la vía judicial. El Minae cuenta en la actualidad con aproximadamente 380 guardaparques.