El Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José dictó, la tarde de este sábado, tres meses de prisión preventiva contra el dueño de la compañía inmobiliaria Casa Vita, de apellidos Villagra Martínez.
Así lo confirmó el Ministerio Público por medio de su cuenta de Twitter.
Villagra, de 34 años, había sido aprehendido la mañana del viernes en el aeropuerto internacional Juan Santamaría cuando pretendía salir del país junto con su familia. Ahora corresponderá al Ministerio de Justicia coordinar el traslado del empresario a alguna cárcel del sistema penitenciario.
Este es investigado por el presunto delito de estafa en perjuicio de, al menos, 150 personas, quienes compraron un proyecto habitacional de la firma constructora y, a la fecha, no han recibido las viviendas por las que pagaron. La causa penal se investiga bajo el expediente 17-000354-1220-PE.
La información del arresto de Villagra fue confirmada por la Fiscalía Adjunta de Fraudes, luego de que recibieron una alerta de las autoridades migratorias.
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Según indicó el Ministerio Público, previo a un allanamiento realizado el pasado 22 de mayo en las oficina de Casas Vita ya había 47 denuncias presentadas.
La cifra aumentó después a 125 y, entre finales de junio pasado y este viernes, el total de reclamos presentados alcanzó al menos los 150.
El 10 de noviembre del 2017, la Comisión Nacional del Consumidor (CNC) anunció que denunciaría a Casas Vita ante el Ministerio Público por, supuestamente, vender proyectos sin estar inscrita en el Ministerio de Economía y Comercio (MEIC).
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Desde entonces, se señalaba a la constructora porque, al parecer, vendió proyectos que nunca se construyeron o que no estaban previamente autorizados por el Ministerio.
Seis meses después, en mayo, la Fiscalía allanó dos oficinas de Casas Vita, en Pozos de Santa Ana, San José, y La Guácima de Alajuela, como parte de las investigaciones por el presunto delito de estafa con la venta de propiedades en condominio.
Como imputados están tres hombres y una mujer, de apellidos Villagra Martínez, Vargas Ramírez, Murillo Sánchez y Solís Gómez, respectivamente.
Pese a que en aquel momento el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Villagra, el Juzgado Penal de San José decidió dejarlo en libertad y, aparentemente, el fiscal a cargo decidió no apelar la medida.
Por ello, la fiscala general, Emilia Navas, decidió separar de la investigación a Jorge Alberto Araya Jiménez y nombrar en su lugar al fiscal adjunto de la Fiscalía de Fraudes, Miguel Navarro.