El alcalde de Guácimo, Gerardo Fuentes González, deberá ser reinstalado en su puesto en la Municipalidad de este cantón, ordenó este lunes el Juzgado Penal de Hacienda.
Fuentes fue suspendido de su cargo en enero, junto al presidente municipal, de apellido Mejías, como parte de una investigación por el supuesto otorgamiento irregular de permisos para un proyecto urbanístico.
Mejías también volverá a sus labores en el ayuntamiento.
No obstante, la decisión de los jueces fue apelada por el Ministerio Público.
En la audiencia de enero, el Juzgado prohibió a los funcionarios contactar a los testigos, medida que sigue vigente tras la resolución de este lunes.
Eduardo Barboza, abogado de Fuentes y Mejías, afirmó que “estamos en una situacion atípica, porque es un delito que nunca se consumó, en el peor de los casos. Es una situación que hemos insistido, una y otra vez, que el delito por el que están siendo investigados de ninguna manera sucedió”.
"La jueza penal acogió los argumentos de la defensa, diciendo que la sanción era absolutamente desproporcional, si bien la investigación iba a seguir”, detalló el defensor.
Otro investigado por la Fiscalía es un desarrollador de apellido Barboza, quien no cumple medidas cautelares.
Los tres hombres fueron detenidos el 14 de enero durante allanamientos realizados en sus viviendas y en la Municipalidad de Guácimo, por los hechos denunciados el 1.° de noviembre del 2018.
Al parecer, Barboza solicitó un permiso de servicio de agua potable y alcantarillado al Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de la Región Huetar Caribe, para un desarrollo urbanístico.
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La solicitud le fue rechazada por no cumplir con criterios técnicos, por lo que el sujeto habría traspasado la propiedad a una sociedad anónima para gestionar nuevamente el permiso.
De acuerdo con la investigación preliminar, el 31 de octubre del año pasado, Fuentes y Mejías citaron a un funcionario del AyA, con el supuesto propósito de influirle para obtener, ilegalmente, los servicios solicitados por Barboza.
La Fiscalía averigua si la documentación presentada al funcionario del AyA tiene elementos falsos.
El caso se investiga dentro del expediente 18-002658-0066PE, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, influencia en contra de la Hacienda Pública, falsedad ideológica y uso de documento falso.