El Juzgado Penal de Hacienda, con sede en los Tribunales de Goicoechea, levantó este viernes todas las medidas cautelares que pesaban sobre los seis sospechosos en el denominado caso de Soresco-Recope.
La decisión fue tomada por la jueza Valeria Rojas al término de una audiencia celebrada para evaluar una posible prórroga de las restricciones que tenían estas personas, a quienes se les atribuyen los cargos de administración fraudulenta y sustracción de $70 millones asignados para construir una nueva refinadora en Moín, Limón.
Los beneficiados con la medida son seis hombres de apellidos Trejos Gómez, Naranjo Sánchez, Edward Early, Ulate Padget, González Fonseca y Xu, este último de nacionalidad china.
Contra todos se había dictado impedimento de salida del país, al tiempo se les exigió entregar su pasaporte, presentarse a firmar una vez al mes y se les prohibió acercarse a testigos o imputados en la causa.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó de que luego de darse a conocer la decisión, de inmediato se apeló la resolución y ahora se está a la espera de que se señale la fecha de la audiencia.
“El Ministerio Público solicitará que nuevamente se impongan las medidas”, comunicó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Historia
La idea de establecer una refinería en Limón surgió en el año 2009, momento en que se creó la empresa Soresco. Eso fue durante la segunda administración de Óscar Arias Sánchez.
Sin embargo, el proyecto quedó frenado en el 2013, debido a una advertencia de la Contraloría General de la República, ya que un estudio de factibilidad del proyecto fue realizado por una empresa vinculada a la socia china.
Aunque el plan quedó varado, continuaron los gastos en Soresco, debido al pago de salarios e instalaciones. Pese a que Recope trató de frenar las erogaciones, su intento nunca prosperó.
El Ministerio Público inició la investigación por este asunto en 2012.
Sin embargo, fue hasta el 2017 que las investigaciones avanzaron, gracias a que el levantamiento del secreto bancario permitió establecer acciones judiciales contra los sospechosos, según informó en noviembre del año pasado la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio.
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Según Navas, la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) y la Corporación Nacional Petrolera de China (CNPC) aportaron $100 millones en conjunto para crear la empresa Soresco, dinero que supuestamente no fue utilizado para los fines planteados inicialmente.
Los imputados fueron detenidos el 20 de noviembre del 2018 y desde entonces tenían las medidas cautelares.