El Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José desestimó la denuncia interpuesta por el exdiputado Otto Guevara en contra de la fiscala general, Emilia Navas, debido a una requisa realizada al vehículo del exlegislador el 29 de noviembre del 2017.
Según confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial, el Juzgado admitió la solicitud del Ministerio Público para poner fin al proceso desde el pasado 10 de mayo del 2018.
Sin embargo, la resolución está en apelación, por lo cual aún no está en firme.
Por su parte, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que presentó ante el Juzgado Penal de Hacienda la solicitud de desestimación.
En febrero de este año, aún siendo congresista, Guevara presentó una denuncia penal contra Navas y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, al achacarles los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de inmunidad legislativa y actividad procesal defectuosa.
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La diligencia en el carro del exdiputado fue parte de la investigación por el caso del cemento chino; sin embargo, Guevara aseguró, en febrero anterior, que solo existía una autorización de la Sala Tercera para el ingreso a su despacho, en la Asamblea Legislativa, y a su vivienda, en Escazú, por lo que considera que hubo una violación al requisar su carro.
El aval de la Sala Tercera es necesario cuando se trata de diligencias a propiedades de miembros de los supremos poderes, como en el caso de Guevara, quien para entonces era diputado del Movimiento Libertario y candidato presidencial de esa misma agrupación política.
Los hechos
A las 8:30 a. m. del pasado 29 de noviembre, Guevara fue bajado de su automóvil en una calle conocida como Los Gatos, ubicada un kilómetro al sur del parque de Escazú. Tras ser abordado por los agentes del OIJ, el legislador tuvo que tomar un taxi.
El vehículo era un Land Cruiser Prado y estaba a nombre de Centriz Costa Rica S. A., una sociedad dedicada al arrendamiento de autos.
Desde el 2017, Guevara es investigado por el aparente delito de tráfico de influencias en favor del importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Bolaños descuenta prisión preventiva por cuatro presuntos delitos relacionados con los créditos otorgados a una de sus empresas, Sinocem Costa Rica, para traer cemento chino al país.
Guevara insiste en que él no realizó nada anómalo, que solo envió tres cartas entre diciembre del 2014 y enero del 2015, al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), señalando la necesidad de reformar el reglamento de comercialización del cemento, el cual impedía la comercialización de esa materia prima con más de 45 días de antigüedad.
Agregó que el Movimiento Libertario realizaba gestiones de ese tipo desde el 2009, como "algo que hacemos muy habitualmente los diputados", y que no se ha logrado comprobar que sus gestiones hayan influenciado indebidamente al entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y quien fungía como ministro de Economía, Welmer Ramos.
Información actualizada a las 5:43 p. m. con la versión de la Fiscalía.