El Juzgado Penal de Hacienda decretó este sábado por la tarde arresto domiciliario con tobillera electrónica para el exgerente general del Banco de Costa Rica (BCR), Mario Barrenechea, y extendió por tres meses más (hasta el 4 de noviembre del 2018) la prisión preventiva para el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños.

Así lo confirmaron Andrés Pérez, abogado del exfuncionario bancario, y Fernando Vargas, uno de los defensores del empresario, y el Ministerio Público.

Para Pérez, la decisión del Juzgado es acertada, ya que considera que la prisión preventiva para su cliente era injustificada. “Él (Barrenenchea) cumplió con el arresto domiciliario cuando se le impuso”, afirmó.

El 30 de mayo Barrenechea salió por primera vez del Centro de Atención Institucional (CAI) Adulto Mayor, en San Rafael de Alajuela, donde descontaba prisión preventiva desde la tarde del lunes 6 de noviembre del 2017. Sin embargo, 21 días después regresó a la cárcel, tras una revocatoria del Tribunal Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, luego de que la Fiscalía apelara el cambio de medida cautelar alegando peligros procesales.

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Además del arresto domiciliario, el Juzgado también le impuso a Barrenechea una prohibición para comunicarse por sí mismo o por medio de terceras personas con funcionarios del BCR y testigos, así como entregar su pasaporte al Juzgado.

La Fiscalía dijo en su cuenta de Twitter que “analizará resolución que cambió medida cautelar de exfuncionario (Barrenechea)”.

Al exfuncionario bancario y a otros cinco miembros de alta gerencia del BCR el Ministerio Público les abrió una investigación por un aparente delito de peculado, bajo el supuesto de que facilitaron la sustracción de fondos públicos con el financiamiento de $30 millones otorgados a Bolaños.

Los otros involucrados con este caso son Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgos; Andrés Víquez Lizano, subgerente de Banca Mayorista; Marvin Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista; Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Crédito, y Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos y Control Interno.

Acuña y Víquez quedaron en libertad en marzo de este año, mientras que Corrales, Ramírez y Barrantes salieron en febrero.

Rodolfo Brenes, abogado de Ramírez y Barrantes, manifestó que para sus clientes el Ministerio Público no solicitó ninguna medida cautelar, por lo cual estos quedaron en libertad.

"Nos sentimos complacidos con la decisión que ha tomado el Ministerio Público, de no pedir ninguna medida cautelar contra don Gilbert (Barrantes) y don Rodrigo (Ramírez).

“Consideramos que es un paso en la dirección correcta y esperamos que sea el preludio de una futura solicitud de sobreseimiento definitivo. Confiamos en que la investigación avance, para que se terminen de dilucidar los hechos y se aclare que, como hemos sostenido siempre, mis defendidos no cometieron delito alguno”, explicó Brenes.

Por su parte, a Acuña y Víquez permanecerán con arresto domiciliario y monitoreo electrónico, mientras que Corrales debe firmar una vez al mes.

Apelación

Por su parte, a Bolaños se le extendió la prisión preventiva, por lo que permanecerá recluido en un centro penal.

Fernando Vargas, defensor de Bolaños, manifestó que apelarán la resolución del Juzgado, ya que no entienden las razones por las que a su cliente sigue en prisión cuando los otros involucrados en el caso, conocido popularmente como el cementazo, tienen otro trato.

Agregó que la jueza dictó la resolución sin que estuviese presente el importador de cemento chino, pese a que este expresó su deseo de estar en el sitio.

Bolaños es investigado por los supuestos delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito.

El empresario fue capturado a las 4 a. m. del 3 de noviembre del 2017 en vía pública en Atenas, dentro de un vehículo Land Rover, color negro.

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Información actualizada a las 9:39 p. m. con la aclaración de que Rodrigo Ramírez Rodríguez y Gilbert Barrantes Campos quedaron sin medidas cautelares.