Si una propuesta que hizo el Ministerio de Justicia y Paz es acogida, las personas que no puedan pagar la pensión alimentaria no irían a la cárcel mientras dura la pandemia del nuevo coronavirus.

Así se desprende del oficio MJP-227-03-2020, el cual fue remitido el 26 de marzo por la jerarca de esa entidad, Fiorella Salazar, a la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano.

Para justificar su solicitud, Salazar indicó que, en los últimos días, le han reportado un “crecimiento acelerado” de ingresos a la Unidad de Apremiados Corporales, la cual se encuentra en la cárcel Jorge Arturo Montero Castro, en Alajuela. Allí las personas pasan un máximo de seis meses por ley.

Aseguró que es previsible que “la crisis económica nacional y global traiga consigo el incumplimiento de deberes alimentarios, y, por ende, un aumento de las órdenes de apremio corporal”.

Por eso, pidió “valorar la suspensión de las órdenes de apremio corporal, y en su lugar, tratar de promover asistencia interinstitucional en favor de la parte acreedora alimentaria, o bien, el uso de mecanismos electrónicos de monitoreo”.

El 19 de marzo, la Dirección de esa Unidad de Apremiados Corporales manejaba los siguientes datos: una población de 421 personas en un espacio para solo 336 espacios.

Se consultó a Justicia por datos actualizados a hoy e información de ese aumento al que hacen referencia pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta publicación.

Por su parte, la magistrada Patricia Solano confirmó la recepción de dicho documento e indicó que fue remitida para conocimiento del Consejo Superior.

Señaló que debe tomarse en consideración que algunas de las sugerencias planteadas no dependen de una decisión administrativa, sino que forman parte del principio de independencia judicial, sobre el cual “no se puede incidir”. Sin embargo, no detalló cuáles eran.

Solano aprovechó la oportunidad para reiterar que, para ella, es “prioritario” el tema de la población privada de libertad ante esta crisis por el covid-19.

Medidas necesarias

La Defensoría de los Habitantes emitió el oficio DHR-DIND-0173-2020 a Justicia, en donde muestra preocupación por el aumento de apremiados y porque este incremento continuará con la pandemia, puesto que la situación económica del país es y será complicada.

En ese documento, del cual La Nación tiene copia, la defensora Catalina Crespo solicitó a la ministra tomar medidas urgentes para darle una mejor atención e infraestructura a los recluidos.

Por su parte, el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT), ente adscrito a la Defensoría de los Habitantes, aplaudió la iniciativa de la cartera.

A criterio de su director, Róger Víquez, es necesario suspender los apremios corporales por distintos motivos; dos de ellos son que, primero, la población es muy fluctuante y, segundo, que la Unidad no tiene infraestructura para albergar a muchas personas.

Además, como se trata de una detención administrativa y no penal, no se tienen espacios de aislamiento, lo que causaría un “mayor riesgo” tanto a los detenidos como a los funcionarios.

Además, Víquez puntualizó que, durante y después de la pandemia, el desempleo en Costa Rica y el mundo subirá, por lo cual muchas personas no tendrán para pagar esa deuda. Eso provocaría, insistió, una sobrepoblación nunca antes vista en esa Unidad.

Para evitarlo, propone a los jueces de Familia “valorar cambios sustanciales en el suministro de la pensión alimentaria, es así que pensando en el interés superior del menor de edad, se podría valorar en forma temporal la entrega de diarios alimentarios (comida) en lugar de la entrega de dinero”.

No tanta prisión preventiva, ni juicios

Además de la solicitud para que se suspendan los apremios corporales, la ministra aprovechó para hacer otra lista de sugerencias.

Entre ellas, está el pedirle a los jueces optar por medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, “tomando en cuenta las razones humanitarias que se derivan de una privación de libertad en momentos de pandemia”.

Solicitó valorar suspender las órdenes de captura por contravenciones, así como por delitos que no sean penados con cárcel. Lo mismo para cuando el requerido sea un adulto mayor, puesto que es una persona de riesgo ante el covid-19.

También indicó que, pese a que las circulares 47-2020 y 52-2020 de Corte Plena buscan reducir “en gran medida” la celebración de audiencias y diligencias judiciales, al final la decisión queda a discreción de los despachos judiciales.

A criterio de Salazar, ese portillo “implica que podrían llevarse a cabo audiencias más allá de las que son realmente indispensables”.

En ese sentido, la ministra pidió revisar las circulares de Corte Plena para que se elimine la discrecionalidad y así solo se realicen las que “de manera taxativa sean señaladas”.

Más allá del resultado de esa revisión, la jerarca pidió un listado de los señalamientos agendados para los próximos tres meses que involucren a reos y solicitó que se indicara en cuáles casos sería viable realizarlos mediante videoconferencia.

“Esto nos permitirá ubicar estratégicamente a la población penitenciaria y además realizar una proyección del equipo y espacios requeridos para realizar las videoconferencias”, concluyó.

La magistrada Patricia Solano indicó que conversó el viernes pasado con el ministro de Seguridad, Michael Soto, para hacerle “llegar mi inquietud sobre la necesidad de proveer al Ministerio de Justicia de todo el equipo necesario para que todos los centros penales puedan realizar audiencias por videoconferencia, dado que estamos frente a una población en condición de vulnerabilidad”.

Se desconoce qué resultó de dicha conversación.

La Corte, por su parte, reiteró a todos los jueces el sábado por la noche que deben continuar con todos los procesos penales que se llevan y que involucran a presos.

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En cuanto a los debates que tienen programados, los magistrados indicaron que los jueces tienen potestad para decidir si continúan con ellos o no.

Piden levantar orden de cierre de tres cárceles

En ese oficio, la ministra también pide a la magistrada que interceda para que los jueces de Ejecución de la Pena levanten, de forma temporal, la orden de cierre de tres cárceles: Luis Paulino Mora (Alajuela), la 26 de julio (Puntarenas) y la Marcus Garvey (Limón).

La prohibición de nuevos ingresos surgió a raíz del hacinamiento que hay en esas prisiones; no obstante Salazar indicó que necesitan disponer de esos centros para distribuir a la población.

Explicó que, actualmente, los ingresos mensuales rondan entre los 430 y los 530 privados de libertad. Solo entre enero y marzo del 2020, se han registrado el ingreso de 1.411 personas.

Entre las otras petitorias está el hacer una segregación en las celdas judiciales y las unidades de traslados de personas que ya son privadas de libertad y de las que no. Además de mantener esos espacios con las reglas de higiene señaladas por el Ministerio de Salud.

“Con la experiencia previa de la parotiditis (en setiembre del año pasado) nos dimos cuenta que las celdas judiciales y las unidades de trasporte son focos de propagación importante, por lo que resulta vital incorporar esta lección aprendida en esta nueva coyuntura sanitaria del covid-19”, apuntó Salazar.