El Ministerio de Justicia y Paz comenzó este martes un proceso en contra de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) para determinar si esta incumplió o no el contrato de monitoreo electrónico de reos.
El procedimiento administrativo se realiza en la Dirección General del Registro Nacional, en Zapote, y está previsto que se extienda hasta el jueves.
Dicho proceso, que se abrió a solicitud de la Contraloría General de la República (CGR), estaba fijado para realizarse a inicios de setiembre, pero por cuestiones administrativas tuvo que suspenderse.
A principios de octubre, cuando existía mucha polémica con el sistema de tobilleras, el abogado de la ESPH, William Villalobos, detalló que “era importante destacar” que lo que se investiga es la participación activa que tiene la empresa y no así un tema de seguridad del sistema.
"El procedimiento no es un tema que nos preocupe, no tiene que ver con temas de ejecución de contrato, no es un procedimiento administrativo donde se discutan incumplimientos de ESPH. Es un procedimiento que nace de una denuncia anónima interpuesta ante la Contraloría.
“Por eso, la Contraloría hace un informe de fiscalización y evaluación operativa y, con base en esa informe preliminar, recomienda a Justicia que haga un procedimiento para determinar si ESPH tiene participación sustantiva en este contrato.
"Nosotros tenemos participación de un 71% y está acreditada en el expediente, incluso, hay informes del propio Justicia. (...) Todo está en orden”, apuntó Villalobos.
Por su parte, Justicia apeló a que, por tratarse de un tema bajo investigación, no pueden referirse.
Discusiones
La intervención de la Contraloría se dio en medio de una gran polémica por el funcionamiento de las tobilleras.
Los aparatos, estrenados en febrero del 2017, fueron cuestionados por su vulnerabilidad y los opositores aseguraron que esa condición habría ayudado a que 160 personas incumplieran las medidas a octubre del 2018, lo que representó un 15% del total (de 1.068 reos monitoreados) de aquel momento.
La ESPH solucionó el inconveniente con tobilleras más seguras y modernas, las cuales fueron puestas en funcionamiento a finales del 2018.
Todo parecía andar mejor hasta que, en junio pasado, la ESPH confirmó que no tenía dispositivos disponibles y que las solicitudes se debieron suplir con algunas devoluciones durante dos días.
El 6 de junio, la ESPH alegó que el Ministerio de Justicia separó 60 kits que no pudieron usarse más. Además, reclamaba que ese despacho les debía $1,5 millones (¢877 millones), deuda que ya fue pagada.
Justicia alegó en aquel momento que no estaba atrasado con los pagos y atribuyó que las fallas en el sistema eran responsabilidad de la empresa.
En medio de estos dimes y diretes, la Contraloría pidió el 25 de mayo investigar la participación de la ESPH en el contrato. Y, ante la inacción de Justicia, tuvo que reiterarla el 25 de junio.
Actualmente, las aguas están más tranquilas, puesto que, a mediados de octubre, tanto la empresa como el ministerio lograron sentarse a negociar y llegaron al acuerdo de que una comisión investigara y determinará las causas de los fallos en el sistema.